Un juzgado de Palma ha admitido la petición de la Asociación de
Hoteleros de la Platja de Palma para personarse como acusación
contra un conocido delincuente habitual. Por primera vez, un juez
ha reconocido el derecho a personarse en los juicios contra
individuos cuya actuación delictiva «causa alarma social». Si
repasamos las estadísticas de los delitos cometidos en la Platja de
Palma, resulta sobradamente lógica la preocupación no ya sólo de
los hoteleros, sino de cualquier ciudadano que viva o trabaje en
aquel entorno.
Ahora bien, el hecho de llegar al punto de solicitar personarse
como acusación particular en estos casos de reincidencia pone en
evidencia que algo muy relevante está fallando en el sistema
judicial. No es lógico ni razonable que los mismos individuos sigan
campando a sus anchas después de haber sido puestos a disposición
de la Justicia una y otra vez. E, incluso, en ocasiones, por los
mismos hechos delictivos. Es evidente que, en estos casos, es
imprescindible que se ponga coto a los desmanes de los delincuentes
y que éstos no puedan volver a actuar. Pero para eso es preciso que
exista un marco legal que contemple las medidas oportunas para que
no se den las penosas circunstancias actuales. No es labor de los
ciudadanos, ni siquiera de las asociaciones, ya sean empresariales
o de vecinos, tener que plantarse delante de los tribunales para
defenderse de los que actúan fuera de la ley. Son el ministerio
fiscal y los jueces los que deben actuar para apartar de la
circulación a los que reiteradamente se saltan todas las leyes.
Los contribuyentes deben confiar en que sus instituciones
controlen el orden público y no permitan en absoluto que quien
comete un delito pueda, al cabo de poco tiempo, volver a cometer
otro y así sucesivamente.
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