Ante la falta de acuerdo en algunos sectores clave, el Gobierno
ha establecido unos servicios mínimos que los sindicatos, de
entrada, ya han dicho que no van a respetar el día de la huelga
general, 20 de junio, por considerarlos abusivos, a pesar de que
Fomento asegura que son iguales o inferiores a los de la última
protesta, en 1994. Ante esta situación, se plantea ya la necesidad
de que intervenga la policía para garantizar el cumplimiento de
esos servicios indispensables "a juicio del Ejecutivo" para que el
país no se convierta en un caos.
Resulta evidente que el Gobierno intenta que ese día las cosas
no se salgan del guión, especialmente cuando tiene la
responsabilidad de celebrar una reunión de ministros de Economía de
la UE en Madrid y una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en
Sevilla.
Ante ese intento de transmitir tranquilidad, los sindicatos
alegan que se trata de obstaculizar el derecho a la huelga. Unas
posiciones diametralmente opuestas que ponen de manifiesto el
abismo que separa a unos de otros. Entre ellos se encuentra el
ciudadano, que se verá ante serios problemas durante esa jornada,
lo mismo en el transporte que en la sanidad, la educación o la
recogida de basuras.
En un caso como éste hay que exigir a los sindicalistas y a los
huelguistas que cumplan escrupulosamente los servicios mínimos
pactados. Y en cuanto a los no pactados, habría que pedir cierta
capacidad de adaptación por parte de todos. Sería muy lamentable
que en el acaloramiento de una jornada reivindicativa se tomaran
decisiones poco juiciosas.
En la jornada del 20-J hay que respetar dos derechos: el de los
que quieran secundar la huelga y el de quienes quieran trabajar. En
ambos casos, con total libertad.
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