La Comisión Europea presentará el próximo otoño un plan cuyo objetivo es el retorno a sus países de origen de centenares de miles de inmigrantes que se encuentran ilegalmente en la Unión Europea y que no pueden regularizar su situación. De ser aprobado, el plan se convertirá después en una disposición legal de obligado cumplimiento para los Quince. Este plan global de retorno "una especie de programa conjunto de repatriación" afectará, en primer lugar, a los clandestinos que hayan cometido delitos o a quienes hayan visto rechazadas sus solicitudes de asilo. Obviamente está en el sentir de la mayoría de ciudadanos europeos que es hora de encontrar soluciones a un problema como es el de la inmigración masiva, que se ha abordado tarde y hasta ahora, medianamente mal. Lo que en modo alguno quiere decir que se tengan que tomar decisiones drásticas. Según estimaciones de compleja comprobación, en la UE hay en la actualidad unos tres millones de inmigrantes clandestinos, teniendo en cuenta que anualmente entra medio millón más, la mayor parte de ellos como turistas o demandantes de asilo. En tales circunstancias, una repatriación masiva, sometida a una legalidad que tantas veces resulta descarnada, podría llegar a originar problemas mayores que aquellos que pretende resolver. Hay que considerar que la desproporción existente, por ejemplo, entre las peticiones de asilo y las concesiones del mismo es hoy de tal magnitud "entre 1999 y el 2000 los países de la UE recibieron 315.000 peticiones, de las que sólo se concedieron 27.500" que difícilmente se puede tomar sin más una iniciativa de carácter rígido. Se deben tomar medidas contra la inmigración ilegal, pero siempre a la luz de criterios justos y humanitarios. Por otra parte, hora sería ya de que la UE disponga de una política común de inmigración que contribuya a hacer las cosas más sencillas. Simplemente la fórmula, contra la inmigración, repatriación, se nos antoja burda y a la larga contraproducente.