El Gobierno central ha asestado un duro golpe al acuerdo
adoptado entre Govern balear y patronales de comercio de las Islas
en cuanto a la apertura de los establecimientos en jornadas
festivas. Con la amenaza de anular el calendario de festivos
pactado en el Archipiélago, desde Madrid se trata de defender las
tesis liberalizadoras, que benefician a las grandes superficies y a
los consumidores, frente a los intereses del pequeño comercio,
incapaz de competir en cuanto a personal, horarios y salarios.
El Govern considera que el Gobierno del PP está cometiendo una
injerencia intolerable en un asunto que es competencia exclusiva de
la Comunitat Autònoma, que ha optado en los últimos años por
alinearse con el comercio tradicional, pieza clave de la economía
isleña que emplea a 62.000 personas. Es cierto que el acuerdo contó
con el beneplácito de las grandes superficies, sin embargo, hay que
admitir que no tenían excesivo margen de maniobra. O aceptaban los
cinco festivos consensuados, o se elaboraba una lista de once
festivos con poco gancho comercial.
Lo importante es alcanzar un auténtico consenso, sin trampa ni
cartón, entre todas las partes, incluidos los consumidores. No cabe
duda de que el ciudadano de a pie, en una primara lectura, está por
la libertad de horarios. Los tiempos que corren obligan a la
mayoría de las familias a realizar sus compras en horarios límite y
en ocasiones, cuando el festivo coincide con un sábado, como acaba
de ocurrir, el daño al consumidor resulta notable. No obstante, hay
que tener en cuenta el precio que pagaría Balears por esta opción
liberalizadora llevada al extremo. Miles de puestos de trabajo en
el sector del pequeño comercio podrían desaparecer. Para evitarlo
es necesario proteger el comercio tradicional, pero sin que ello
signifique un anquilosamiento. Los pequeños comercios deben
evolucionar y adaptarse a las exigencias de los nuevos tiempos.
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