Cuando quedan dos días para las elecciones, el presidente del
Gobierno, José María Aznar, presenta un decálogo de medidas
destinadas a favorecer el acceso a la vivienda para unos ciudadanos
que han contemplado, atónitos, cómo precisamente durante los
últimos siete años -que son los que lleva el PP gobernando- los
precios se han disparado hasta multiplicarse por tres. Entre estas
medidas se encuentra la deducción fiscal por alquilar, algo que en
su día estaba vigente e, inexplicablemente, se eliminó; y se
incluyen algunos puntos interesantes, como la supresión del
impuesto sobre donaciones de padres a hijos y la reducción de
algunas tasas relacionadas con la compraventa de viviendas.
En un segundo bloque se afronta la necesidad de promover suelo
público para la construcción de viviendas protegidas, una
asignatura pendiente que debía haberse resuelto años atrás, y no
precisamente a escasas horas de una convocatoria electoral.
Como era de esperar, partidos de la oposición y sindicatos han
criticado el espíritu de esta reforma -por considerarla
insuficiente, tardía y sin dotación presupuestaria-, aunque
coincidan en la necesidad perentoria de abordar un tema que, hoy
por hoy, constituye uno de los principales quebraderos de cabeza de
la ciudadanía, especialmente la más joven.
Pese a lo razonable de las medidas propuestas por Aznar, el
precio de la vivienda no bajará con medidas fiscales y buenas
intenciones. Siendo como es un asunto de trascendencia debería
plantearse en términos de consenso en el Parlamento, de forma que
se evite la tentación de cambiar la normativa cada cuatro años. Y,
además, incidiendo en la necesidad de estabilizar el empleo, clave
para garantizar cierta normalidad en el pago de unas hipotecas
millonarias.
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