La gran oposición del sector titular del servicio de taxi de Eivissa a la fórmula de licencias temporales para solventar la gravísima carencia de vehículos durante los meses de julio y agosto (y sobre todo por el hecho de que se concederán a asalariados) se ha convertido en un pulso entre el gremio y el Consell que tiene ya una difícil justificación, vista la situación que sufren los usuarios y que exige desde hace tiempo una solución efectiva y permanente que evite el desprestigio del sector y logre la cobertura digna de la demanda. Las últimas protestas y el anuncio de paros indefinidos durante todos los fines de semana a partir del día 25 no han hecho sino aumentar el grado de tensión entre ambos hasta un punto peligroso para los intereses de los taxistas si al final la institución insular considera el diálogo como imposible. En este punto hay que recordar varias cosas. Primero, que el sistema de licencias temporales, que ya funcionó el verano pasado, es el que tanto el actual gobierno insular como el anterior, de opuestos colores políticos, coinciden en considerar como la opción más viable. Segundo, que la concesión de licencias por parte de los ayuntamientos (o del Consell, si procede) no está diseñada en nuestro país para ser acumulativa, sino que son concesiones destinadas a la cobertura del importante servicio público del transporte. Y tercero, que este exceso de demanda está siendo cubierto por taxis piratas, lo que ha generado todo un mercado paralelo lleno de peligros y fraudes. Tampoco está de más recordar a los titulares que otra de las alternativas del Consell es instar a los ayuntamientos a ampliar el número de licencias definitivas (el actual hace años que quedó desfasado), una amenaza aún más perjudicial para sus intereses porque el valor en el mercado de los traspasos disminuiría y porque durante todo el año tendrían una mayor competencia en la calle.