La cúpula del Partido Popular ha denunciado ante los medios de comunicación que ha sido objeto de escuchas ilegales ordenadas, según ellos, desde el Gobierno. Los hechos fueron dados a conocer por la secretaria general, Dolores de Cospedal, y ratificadas días después por el presidente nacional, Mariano Rajoy. La respuesta, contundente, corrió a cargo del titular del Ministerio del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que calificó de falsas las insinuaciones de los dirigentes de la formación conservadora.
La gravedad de las acusaciones formuladas por los populares les obliga a presentar una denuncia formal de lo ocurrido, llevar ante los juzgados las pruebas que avalan sus sospechas de ser objeto de escuchas ilegales. Rajoy y De Cospedal no pueden hacer declaraciones de este calibre sin explicar en qué se basan, quienes han sido las víctimas y los indicios que les permiten apuntar la responsabilidad de estas actividades ilícitas. Nada de todo ello han hecho los máximos responsables del Partido Popular. Hasta el momento sólo Federico Trillo ha manifestado que tiene en su poder unas grabaciones realizadas al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, sin aclarar quién la realizó ni cómo la ha obtenido. Tampoco, hasta el momento, se ha personado en un juzgado para formalizar la correspondiente denuncia.
Todo indica que el Partido Popular quiere retomar la estrategia de la tensión permanente con el Gobierno, después de abandonar por ineficaz la mantenida a cuenta de la política antiterrorista, con una cuestión demasiado delicada y de la que, si no presenta pruebas contundentes, puede volver a salir trasquilado y, con lo que todavía es peor, deteriorando nuestro sistema político.
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