Protesta el Consell d’Eivissa ante el decretazo que se han sacado de la manga Francina Armengol y Josep Marí Ribas Agustinet para agilizar la solución al problema de los apartamentos Don Pepe. Y protesta con razón porque, aunque el fondo del decreto esté justificado, las formas han sido imperdonables. La institución insular tendría que haber sido informada por una cuestión de educación antes de anunciar la aprobación de un decreto que no es más que otro parche para solucionar el problema creado por quienes decidieron sacar a los vecinos de sus casas para, dicen, retornar aquello a su estado natural.
La broma nos va a costar a los ciudadanos unos cuantos millones de euros y a los desalojados molestias más que evidentes. Qué menos, entonces, que respetar las formas y hacer las cosas como toca para evitar suspicacias. Si realmente el objetivo de todo esto es proteger el medio ambiente, mejor hacerlo todos a una y no intentando rentabilizar la cosa de cara a las elecciones. Pero, a estas alturas, esperar que el político medio vele realmente por el interés general es una cuestión que va más allá de la fe.
Al problema de las formas se suma el de la incertidumbre. Yo no le tengo especial manía a Agustinet, aunque él crea que sí. Pero, la verdad, viendo lo eficaz que ha sido en otras cuestiones como la negociación sobre el solar de la antigua comisaría (de la que dice no saber nada mientras Interior asegura que sí hablan) o la cesión o no al Ibavi del de Santa Margarita (que la historia no va a cambiar por mucho que ahora lo llamen «solar de Macabich»), no tengo mucha esperanza en que los afectados de los Don Pepe vayan a tener casa propia rápido. Cuántas cosas esperamos del año que está a punto de comenzar…
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