El PSOE con el comodín de la corrupción

Por eso se recurre a agentes externos colaboradores, como la Oficina Anticorrupción de les Illes Balears (cuyo director designado por PSOE, Podemos y Més per Mallorca) y la Fiscalía Anticorrupción («¿La Fiscalía de quién depende? Pues ya está», como dijo el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, en noviembre de 2019), organismos capaces de intentar sentar en el banquillo de los acusados al candidato rival, Vicent Marí. Estamos ante una estrategia muchas veces usada por los socialistas, premeditada, planificada al milímetro como plan B para intentar desalojar al PP del Consell d’Eivissa, única institución insular en la que gobiernan los populares. El comodín de la corrupción, como tantas otras ocasiones han exhibido los socialistas, unas veces con éxito y otras sin él.

✒ SPOILER

Dado que esta película la hemos visto muchas veces, les voy a hacer spoiler de cómo se van a suceder los acontecimientos, pero antes veremos las trampas y maniobras torticeras que nos han traído hasta aquí.

En junio de 2020, en plena pandemia por la Covid-19, el Consell d’Eivissa adjudicó por vía de urgencia y sin concurso público una campaña de promoción turística, con el objetivo de atraer turistas a la isla después del confinamiento. La memoria es muy corta y seguramente que después de dos años algunos han olvidado aquellos días en que todo estaba cerrado y muy pocos podían abrir sus negocios. La temporada del verano 2020 era incierta y desde diferentes sectores, incluido el turismo, se apremiaba a las instituciones para que hiciese campañas de ayuda a la promoción. El Consell d’Eivissa destinó 250.000 euros a producir un vídeo titulado ‘La vida islados’, que se puede ver libremente en Youtube. El trabajo se hizo y ahí está. Nadie se llevó dinero a su casa. La interventora del Consell, semanas más tarde, puso objeciones al pago de una factura de 164.000 euros a la empresa adjudicataria, cosa que aprovechó la oposición socialista para denunciar aquello ante la Oficina Anticorrupción, bajo su control. En abril del año pasado, dicha oficina remitió el asunto a la Fiscalía Anticorrupción al entender que había indicios de delito. Y en septiembre, la Fiscalía presentó una querella en el Juzgado de Instrucción no 4 de Ibiza contra Vicent Marí, por un presunto delito de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y coacciones.

✒ ¿COACCIONES?

La interventora, Marián Tur Díaz, estaba citada a declarar el pasado martes día 7 como perjudicada. Ahora dice haber sufrido mobbing y tener lesiones psíquicas por las coacciones sufridas, pero en su día no denunció tales coacciones ante el juzgado, sino que extrañamente viene ahora con el cuento y se adhiere a la estrategia del PSOE. Su abogado es el exfiscal anticorrupción mallorquín, Pedro Horrach, que debe ser de los más caros de Mallorca. No es habitual que la interventora de una corporación local acuse a sus superiores de haberla coaccionado, pero eso está por ver y debe probarlo quien acusa.

El presidente Vicent Marí debía declarar el jueves día 9 (por más que él pidió declarar mucho antes), aunque finalmente se pospusieron ambas declaraciones al próximo 7 de marzo. No porque lo solicitara Vicent Marí, ni su abogado del turno de oficio, como falsamente afirman los socialistas, sino porque lo pidió la interventora. Quizás para que sea más cerca de las elecciones.

✒ ELECCIONES

El candidato a la reelección a la presidencia del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, ha solicitado al juzgado ser interrogado en el mes de junio, porque el 7 de marzo su letrado ya tiene otros señalamientos que le impiden acudir. A la espera de lo que acuerde la jueza, los socialistas han montado en cólera ante la seria posibilidad de verse privados de la imagen de Marí entrando en los juzgados por una querella que ellos han impulsado desde el principio.

El expresidente y portavoz de los socialistas en el Consell, Vicent Torres, ha manifestado su «profunda preocupación» por la «gravedad de los hechos». Quien fuera líder de los socialistas ibicencos y que tuvo que abandonar el cargo al conocerse el escándalo de la utilización indebida de una tarjeta de crédito del Consell por parte de su vicepresidenta, se muestra preocupado por 250.000 euros para un vídeo promocional. Sin embargo, no muestra la menor inquietud por los más de dos millones de euros que el Consell debe a Amadiba por su exclusiva responsabilidad, tras haber contratado verbalmente a esta ONG durante su mandato.

A Vicent Torres le parece muy grave que se contrate por la vía de urgencia la grabación de un vídeo para promocionar el turismo se presumía muy complicado, pero no que se contrate verbalmente a Amadiba, a quien ahora no hay forma legal de abonar los servicios prestados.

✒ CACERÍA

Que estamos ante una cacería política contra Vicent Marí lo demuestran las palabras de la portavoz parlamentaria del PSOE, Pilar Costa, al señalar el «triángulo» de la presunta corrupción del PP en tres instituciones que los populares gobiernan en Ibiza: el Consell, el Ajuntament de Santa

Eulària y el Ajuntament de Sant Antoni. San Joan debió olvidársele, seguramente porque allí han abandonado toda posibilidad de llegar a gobernar.

Costa ha encendido el aspersor de estiércol sobre las instituciones que aspira a recuperar, mientras obvia la brea que cubre hasta el cuello a su partido en el Ajuntament d’Eivissa, donde la corrupción es irrespirable. Aún esperamos que aclare el pelotazo de la modificación del deslinde por parte de la Demarcación de Costas (en manos del PSOE), con el visto bueno del Ayuntamiento de Vila (en manos del socialista Rafa Ruiz), para ampliar la edificabilidad de una parcela y levantar una mansión de lujo en la calle Barbaria de Talamanca. Seguramente Pilar Costa tenga información de primera mano, teniendo en cuenta que el representante del dueño del solar beneficiado con un supuesto pelotazo que puede superar los 4,5 millones de euros, recurrió al despacho de abogados de su marido para lograr algo que parecía imposible y que milagrosamente se logró. Pero eso no escandaliza a nadie del PSOE ibicenco.

La utilización de las instituciones democráticas por parte del PSOE para acabar con el PP es muy habitual y se veía venir a la legua que intentarían la torticera maniobra de procurar el procesamiento de Vicent Marí. Ahora cuentan con la inesperada e inestimable colaboración de la interventora, una alta funcionaria que ocupa un cargo de libre designación, retribuido con más de 100.000 euros al año. Vamos, que no estamos ante una indefensa bedel mileurista con la EGB.