A poco más de un mes de las elecciones, el gobierno se saca de la manga un Ley de Vivienda populista e improvisada para calmar infructuosamente los ánimos caldeados de su parroquia roja. El gobierno no ha frenado ni la inflación, ni la especulación, ni ha facilitado el acceso al mercado de la vivienda, es más, durante su mandato éste ha empeorado y es ahora más inaccesible para jóvenes y rentas medias.
La solución electoralista es fácil: trasladar la responsabilidad a los propietarios, plantear medidas de dudosa constitucionalidad y evadir la menor responsabilidad. Se limpian las manos y trasladan el problema de la vivienda a los propietarios que con esfuerzo han conseguido poder adquirir un inmueble. La cantinela de que la mayoría de viviendas están en manos de fondos ‘buitre’ no cuela entre expertos y profesionales, tan sólo entre los adeptos dispuestos a seguir el juego de sus amos. Socialistas y podemitas ondean un argumento infantil: «la culpa es de los grandes tenedores», cuando en realidad éstos tan sólo ostentan un mísero 3% del mercado del alquiler. Su escaso peso contradice a quienes les culpan de la subida de rentas o de la escasez de vivienda.
Baleares es un caso todavía más sangrante, en el que la izquierda en 8 años de gobierno municipal (Palma y Vila) y autonómico no ha sido capaz de obtener el menor avance en esta materia. El conseller de vivienda fugado que ahora vuelve a Ibiza para culminar 40 años de carrera política ha entregado 4 llaves, pero se ha hecho muchas más fotografías con proyectos y presentaciones que nuestra generación no conocerá jamás.
Sufrimos la era de la masificación, el globalismo y el reto tecnológico aderezada con la clase política más inoperante de la historia, un cocktail cuyo final invita al pesimismo.
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