Cuanta alegría parece envolver a los responsables de las administraciones locales, actualmente en manos del PP todas ellas. El mismo júbilo parece poseer a los representantes de las organizaciones y asociaciones profesionales vinculadas al sector inmobiliario. Los unos y los otros celebran clara y públicamente el próximo decreto de emergencia habitacional que se prepara desde el Govern Balear, presidido por Marga Prohens.
Todos aquellos que hayan podido leer o escuchar las declaraciones públicas realizadas por los políticos, constructores, promotores, agentes de la propiedad inmobiliaria y arquitectos de nuestras Pitiusas, habrán podido observar como para todos ellos, parece que ahora sí se proponen medidas que van a permitir acabar de una vez por todas, con el grave problema del acceso a la vivienda que venimos sufriendo en estas islas.
Según la presidenta del Govern y ratificado por los políticos locales, este paquete de medidas se aprueba contando con los sectores profesionales y empresariales implicados en el sector. Se refiere al citado sector, afirmando que no se puede criminalizar la iniciativa privada. No deja de ser curiosa tal afirmación, ya que los actuales gobernantes parecen olvidar que ha sido precisamente el sector privado inmobiliario quien ha sumido a nuestras islas en la insostenible y grave situación habitacional.
Todos los que en el sector privado ahora se muestran encantados con las propuestas del nuevo Govern conservador, son los mismos que están provocando la actual caótica situación del acceso a la vivienda. Para la práctica mayoría de ellos, la solución ideal pasaría por la construcción de miles de nuevas viviendas cada año, con lo que a mayor oferta, los precios se contendrían. Pero como parece complicado que desde la administración se dé rienda suelta a la nueva edificación indiscriminada, no tienen más remedio que aceptar y aplaudir las nuevas propuestas del ejecutivo de Prohens.
Ahora bien, no es oro todo lo que reluce y por poco que se analicen con atención las medidas incluidas en el decreto y, a la espera de conocer el texto definitivo, se podrán observar algunas grietas en la solidez del citado decreto. Son los mismos constructores, promotores y resto de profesionales vinculados al sector, los que exponen algunos problemas que pueden surgir (y que con toda seguridad surgirán) a la hora de poner en práctica cada una de las medidas propuestas.
Vayamos por partes, el crecimiento en altura de edificios existentes; ello puede requerir de una intervención que irá más allá de la simple construcción de alguna planta más, ya que requerirá de la consolidación y reforma de la estructura general del edificio, para que el mismo pueda soportar las nuevas plantas que se vayan a construir. Y si el edificio está habitado, cosa que ocurrirá en la práctica totalidad de ellos, veremos si los actuales moradores aceptan fácilmente todos los problemas e inconvenientes que ello les va a suponer.
Si pasamos a la transformación de locales comerciales en viviendas, ya está teniendo lugar la consecuencia directa del simple anuncio de tal medida, el brutal incremento del precio de los citados locales vacios; por lo tanto el sector privado ya está empezando a manipular sobre el valor de esos locales, por lo que ya se van a ofrecer a los interesados a un valor muy superior al que hayan tenido hasta la fecha. Los locales van a dejar de ser posibles gangas inmobiliarias. Del mismo modo, en función de la reforma que por su propia estructura, vaya a necesitar el local, puede que provoque la inviabilidad del beneficio económico que se pretendía obtener con la transformación.
El cambio de establecimientos turísticos obsoletos a uso residencial, es posiblemente la medida más razonable de todas las anunciadas, sin embargo la citada transformación dependerá totalmente de la agilidad en todo el proceso de permisos y autorizaciones que para ello se van a necesitar y, sin duda todos conocemos cual es el ritmo actual de los tramites en la administración.
En esta posible implicación de la iniciativa privada en el desarrollo de las medidas propuestas, se enmarca la de cesión de suelo público a las empresas privadas, para la construcción de viviendas a precio tasado. De entrada reseñar que la cantidad actual de suelo público, es más bien escasa. Por otra parte, habrá que ver cuántas empresas estarán dispuestas a construir para obtener un escaso beneficio económico. En cuanto a la rapidez en la ejecución de todo este proceso, permítanme que la ponga en duda; sirva como ejemplo los años que hace, que se le están dando vueltas a las más de 500 viviendas de protección a construir en Can Escandell, que será con participación privada.
Según los actuales gobernantes, este decreto será un paquete de medidas que se aplicaran a coste cero para la administración y se podrá hacer de forma inmediata. Ambas cosas son falsas; los solares públicos que se cedan, tienen un valor y las necesidades de nuevos equipamientos que el incremento de población que estas medidas puedan provocar, también pueden suponer un coste elevado. Por otro lado, cualquiera de las medidas que se pueda poner en práctica, tardará tiempo en estar en funcionamiento. Ya les aseguro que en el verano de 2024, seguiremos con un grave problema de vivienda.
Hacen falta medidas de efecto inmediato que no se contemplan en el decreto. Oficialmente hay 18.000 viviendas vacías, que en realidad se están explotando ilegalmente y, actuar con contundencia contra esta piratería, sería la forma más efectiva de disponer de más vivienda. Sin olvidar por supuesto, la inexcusable necesidad de controlar los alquileres que se cobran. El decreto no es en absoluto la solución al problema.
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