Llorenç Córdoba. | Archivo

En las recientes declaraciones sobre la situación del Consell de Formentera, algunos lectores han creído entender que el vicepresidente de CAEB se ponía del lado del presidente Lorenzo Córdoba, o, al menos, se le daba un balón de oxígeno que él mismo podía malinterpretar. Hablando con claridad, es verdad que cómo antiguo compañero, en lo personal me incomoda mucho su situación. Pero en CAEB estamos para trabajar en favor de la economía, la empresa y la sociedad y las cuestiones personales hay que dejarlas a un lado, en aras de valores objetivos superiores. Las asociaciones estamos para ayudar, pero no para tomar partido por nadie en concreto por meras razones personales.

Las declaraciones fueron realizadas con un propósito conciliador ante la, no ya grave, sino gravísima situación que existe en el funcionamiento del Consell de Formentera. La profunda inestabilidad del Consell es dañina para la economía, que es el centro de atención principal de toda entidad empresarial. Es más: las recientes fugas de funcionarios colocan la situación en una dimensión todavía más grave y ponen de manifiesto que los problemas van más allá de un desencuentro esencial entre políticos de la misma familia.

Por tanto, no solo no se ha tomado partido por ninguna de las partes, sino que se ha instado a resolver cuanto antes la situación. Porque además el tiempo se acaba ¡Y qué mejor que se pudiese resolver mediante un acuerdo de todos aquellos que forman (o formaron) el malogrado equipo de gobierno!

Los Ayuntamientos y Consells, por su naturaleza legal son entidades muy presidencialistas. Un Consell no es un Parlamento. Esta naturaleza presidencialista significa, en el caso que nos ocupa, que el presidente tiene una responsabilidad especial en la resolución de los problemas, responsabilidad que es muy superior a la de los demás miembros del equipo de gobierno.

La situación actual se caracteriza porque todos los consellers del PP y Compromís, todos sin excepción, han retirado la confianza al presidente, en una decisión que no tiene precedentes y que nos tiene que hacer reflexionar por qué se ha llegado a este estado de cosas. En paralelo, también hay que decir que, por muy presidencialista que sea la institución, el presidente no puede pretender llevarla en solitario.

La posición es que hay que    dar una última oportunidad al acuerdo. Pero reitero que el tiempo se acaba. En realidad, debería ser cuestión de días. Hemos de dar una oportunidad a la paz, pero si el presidente, con ayuda externa o no, no es capaz de recuperar la confianza de su propio equipo, entonces deberá hacer un pensamiento sobre su propia situación.

Si el presidente, al margen de sus razones personales, legítimas o no, no es capaz de mantener la estabilidad y la eficacia de gestión de la institución, debe preguntarse cual es su mejor papel y contribución para el bien de la economía y la sociedad de Formentera.

Por cierto, hay que recordar que, de acuerdo con la normativa española de régimen local, no hay que descartar, sino todo lo contrario, que se produjese una salida traumática de la situación. Ni las Baleares ni Formentera se merecerían una resolución de esta naturaleza.

La estabilidad institucional y económica es un valor que todas las asociaciones empresariales debemos exigir por encima de las personas. La alarma por la situación del Consell no pue estar en cotas más altas.