Resulta del todo imposible abstraerse de determinados temas que afectan de lleno tanto a nuestro día a día, como a nuestro futuro. Y uno de estos temas, para mí el principal sin ninguna duda, es el de la vivienda en las Pitiusas. Si bien es cierto que no es un problema que nos afecte exclusivamente a nosotros, lo que es seguro es que aquí ha pasado a ser ya un verdadero drama que requiere de la urgentísima intervención de las diversas administraciones públicas.
En algún otro artículo ya me he referido al peligro que esta cuestión supone, para nuestra economía, para nuestra principal fuente de ingresos y por ello para nuestro modo de vida. En esta ocasión quiero centrar la atención en determinadas propuestas que se anuncian para tratar de atacar la problemática y algunas otras que necesariamente van ligadas a la situación actual en materia de vivienda disponible.
Las últimas propuestas conocidas estos días parten del Gobierno del Estado. La primera hace referencia a las conocidas popularmente como «golden visa», que no son otra cosa que la obtención del visado de residencia en nuestro país por una inversión en vivienda superior a los 500.000 euros. Esta medida fue aprobada en 2013 por el gobierno de Mariano Rajoy y ha seguido vigente hasta la fecha. Sirva como dato añadido que en la última década, es decir de 2013 a 2023 han sido más de 14.000 las visas de oro concedidos por este sistema.
Por poco que se analice con cierta profundidad esta medida, rápidamente aparece el resultado real de la misma; no se trata más que de otra fórmula para llegar a un sistema de inversión especulativa a partir de la vivienda. A todas luces se trata de una formula tremendamente injusta para obtener ciertos beneficios y con ello ciertos derechos, en base a la cuenta corriente de cada persona. Si se tiene mucho dinero, se puede conseguir el permiso de residencia en nuestro país de forma muy rápida, si no se tiene una buena cuenta corriente hay que esperar años hasta conseguirlo.
En cualquier caso según lo veo yo, la eliminación de esta medida poca incidencia real tendrá sobre el tensionado mercado de la vivienda. El problema se centra en los desorbitados precios tanto de venta como de alquiler. Los inmuebles que suelen ser adquiridos y otorgan la «golden visa» acostumbran a ser propiedades con un valor que está muy por encima de la capacidad económica media del trabajador en nuestro país. Y por supuesto, se trata de propiedades que de sumarse al mercado del alquiler, el precio del mismo acostumbra a ser prohibitivo.
La segunda propuesta conocida estos días, pasa por la posibilidad de limitar el número de viviendas turísticas en las denominadas zonas tensionadas. Esta propuesta parece más acertada, si bien puede tropezar con algunos obstáculos para poder aplicarla. Efectivamente los denominados alojamientos turísticos, son un factor determinante que agrava considerablemente el problema de la vivienda en diferentes puntos de la geografía española, pero el planteamiento que se debe hacer del mismo, ha de estar directamente ligado a cada uno de los territorios donde eso está ocurriendo.
Una cosa es lo que viene ocurriendo en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, donde lo que se está provocando es la denominada gentrificación de determinados puntos del núcleo urbano, provocando con ello el desplazamiento de los anteriores residentes de los mismos a otras zonas; pero que es algo muy distinto a la problemática que se está viviendo desde hace unos años en Eivissa y Formentera. Aquí lo que ocurre con la vivienda turística, es que está provocando que el ciudadano medio, con un trabajo y con un sueldo, no pueda encontrar una vivienda donde vivir dignamente al no existir ya ninguna disponible a un precio mínimamente asequible.
Todo ello acarrea numerosos problemas a todos los niveles y no solo como es ya conocido para aquellos trabajadores de diversos sectores que deban desplazarse a nuestras islas en la temporada de verano; también es ya un problema para cualquier joven residente de toda la vida en la isla y con intención de independizarse. Nuestras islas son un territorio disponible limitado, con unos atractivos que son la base de nuestra principal industria y que hay que preservar a toda costa. No se puede seguir creciendo sin límite.
Por todo ello hay que adoptar medidas adaptadas a cada territorio y en nuestro caso, ciertamente la lucha contra el negocio ilegal de la vivienda turística es urgente y prioritaria, pero claramente insuficiente. Hay que plantearse también la reducción del propio sector en su vertiente legalizada y por supuesto, en ningún caso hacer caso de las peticiones del sector que reclaman la posibilidad de dar de alta nuevos alojamientos turísticos.
El Govern Balear debe acabar declarando zona tensionada todo nuestro archipiélago y en un trabajo conjunto de todas las administraciones que se puedan implicar, tomar las medidas que resulten más eficientes para tratar de solucionar el problema.
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