Mano dura contra los pisos turísticos

Si uno analiza en detalle e isla por isla el volumen de actuaciones que llevan a cabo los consells insulars para detectar, denunciar y sancionar el alquiler turístico ilegal, el Consell d’Eivissa está a la cabeza con diferencia. Comparado con Mallorca, francamente, no hay color. Descontemos Formentera y Menorca, porque no admiten comparación con Ibiza y Mallorca, donde la problemática es mucho más grave por su grave incidencia sobre el mercado del alquiler de viviendas. En Ibiza es muchísimo peor porque el problema de la escasez de vivienda residencial viene de más atrás y hay menor oferta disponible. Pero la institución competente en materia de inspección turística, que es el Consell d’Eivissa, se muestra mucho más proactiva y dispuesta a intervenir con todos los recursos disponibles, incluyendo los que dependen de los ayuntamientos, como los agentes de la Policía Local. Además, tanto el presidente del Consell, Vicent Marí, como el vicepresidente, Mariano Juan, llevan tiempo planteando la necesidad de hacer cambios legislativos para que perseguir a los infractores sea más efectivo y sencillo, y para que quienes se sitúan al margen de la Ley lo tengan más difícil a la hora de parapetarse en cualquier resquicio legal. Ya se sabe que hecha la Ley, hecha la trampa. Pero pese a su insistencia, las reformas legales tardan demasiado tiempo; y si afectan al Estado, aún más. A pesar de la contundencia de las inspecciones y el rigor a la hora de exigir a las plataformas comercializadoras online, que ha permitido que Booking.com retire un buen número de anuncios ilegales, la oposición acusa al Consell de una «total falta de gestión», lo que hace que el descontrol y el intrusismo no hayan hecho más que aumentar. Criticar al gobierno es el papel de la oposición, naturalmente, pero precisamente en esta materia, lo cierto es que se está haciendo más que nunca. Y mucho mejor.