Es ilógico que unos pisos sociales para alquilar cueste más de 300.000 euros

No tiene ningún sentido que la Autoritat Portuària sufrage la defensa jurídica de Rafa Ruiz por el ‘caso Puertos’, sobre todo porque es posible    que su imputación se deba a sus gestiones como alcalde de Vila y no como miembro del consejo de administración de dicho organismo. Llama mucho la atención que la aprobación de esta medida contase con el voto, entre otros, de Josep Marí ‘Agustinet’ y Ana Juan cuando ya no ocupaban los cargos por los cuales formaban parte del consejo de administración de la Autoritat Portuària, que de momento sigue con el socialista Jaume Colom al frente.

Es ilógico que unos pisos sociales para alquilar cueste más de 300.000 euros

Por mucha necesidad de vivienda pública que pueda haber está fuera de toda lógica que el Govern de Armengol intentase comprar con nocturnidad y alevosía 88 pisos cuyo coste, incluyendo los impuestos, superaba los 300.000 euros la unidad. Este despilfarro hubiese tenido un sobrecoste para el Govern de unos 10 millones y no parece que esta sea la mejor manera de hacer política vivienda. Afortunadamente un juez ha paralizado la operación y el Govern no tiene intención de continuar con un auténtico pelotazo que dará mucho que hablar en los próximos meses.