Después de que Andalucía anunciara semanas atrás su intención de incrementar las pensiones más bajas con la consiguiente indignación del Gobierno central, el tema no ha hecho más que crecer y multiplicarse con los anuncios de Balears y Catalunya en este mismo sentido. Las críticas y los parabienes no cesan desde entonces de surgir de aquí y de allá, esgrimiendo unos y otros mil razones en contra y a favor de tal medida. El asunto no deja de ser peliagudo porque las pensiones "aunque se trate de las no contributivas, que precisamente ayudan a los ciudadanos más desfavorecidos" son uno de los pilares sobre los que se sustenta nuestra sociedad.

Es un tema que, desde luego, hay que abordar, pero siempre con la templanza y el sentido común por delante. No se puede improvisar, prejuiciar o dogmatizar con algo así. De ahí las muchas críticas que han recibido las propuestas de Andalucía, Balears y Catalunya. Quizá la más dura sea la que proviene del Gobierno de José María Aznar, que incluso ha recurrido ya ante el Tribunal Constitucional la medida adoptada por la Junta andaluza. No le falta razón al Ejecutivo de Madrid al decir que la subida de las pensiones sólo en algunas comunidades supone un agravio comparativo intolerable para las demás. Sin embargo, la respuesta lógica a este argumento es que en vez de criticar la medida andaluza, lo que debería hacer de inmediato es seguir su ejemplo y ordenar un incremento general de las pensiones más bajas en todo el territorio nacional, de forma que nadie se sintiera menospreciado.

Así lo estimó ayer el sindicato UGT que, con mucho acierto, recordó que ahora la economía nacional está en un momento excelente para afrontar esa subida generalizada de las pensiones más bajas, que además calificó de «míseras», algo que no puede permitirse en un país europeo y digno.