Rubén J. PalomoEivissa05/09/15 0:00
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El liberalismo económico, esa teoría formulada por Adam Smith que reclama la mínima interferencia del Estado en la economía, nos ha llevado a situaciones realmente injustas y abusivas. Una de sus consecuencias es la situación que vive Eivissa referente al alquiler de viviendas o de habitaciones en pisos compartidos, tanto en temporada alta como en invierno. No parece comprensible que amparados en esta ley de la oferta y la demanda, propietarios e intermediarios con muy pocos escrúpulos revienten el mercado pidiendo auténticas barbaridades. Hemos asistido a todo tipo de atropellos: desde colchones por 400 euros al mes al alquiler de balcones o de apartamentos por el que piden cifras de cuatro dígitos por semana. En temporada baja no mejora la cosa y a día de hoy es prácticamente imposible encontrar una vivienda para todo el año sin dejarte un riñón en ello.

Las administraciones deben acelerar el proceso para regular las viviendas turísticas, a través de una reglamentación a nivel estatal que garantice una homogeneidad en todas las comunidades autónomas. En Balears hay unas 300.000 plazas de este tipo de vivienda de alquiler, lo que significa entre un 20 y 25% de las plazas que se ofertan. De ahí que exista una diferencia notable entre el número de turistas que llegan a nuestras islas y el de pernoctaciones registradas. Por esa fisura escapan cientos de millones de euros en concepto de tasas e impuestos que dejan de ingresar las comunidades. Es preciso regularizar las viviendas vacacionales porque además se creará empleo –hará falta limpiar esos apartamentos– y se asegurarán unas condiciones mínimas de estabilidad. Además, se reducirá la competencia desleal que tanto aborrecen los hoteleros.