Cuentan personas cercanas a esta problemática que hay una práctica muy extendida en la isla por la cual multitud de inmuebles se alquilan a personas con un importante poder adquisitivo que, a su vez, las realquilan por semanas a los turistas para hacer negocio de un modo ilegal. Estas mismas voces solicitan que se prohiba subarrendar viviendas retirando el contrato a quien comete la infracción, penalizándolo, además, con el mes de fianza adelantado y algún tipo de sanción. Estas ‘mafias’ no sólo realizan una actividad económica ilegal, sino que defraudan al fisco y ‘revientan’ los precios de mercado.
Por otra parte, entre las medidas que pretende adoptar el Ejecutivo autonómico en la futura Ley de la Vivienda se encuentra la posibilidad de incentivar fiscalmente a los propietarios que alquilen sus pisos durante todo el año y no sólo en los meses centrales del verano, como es práctica habitual en Eivissa. Además, el objetivo de los nuevos rectores es que no se dedique más del 30% del salario al pago de un alquiler y que los precios mínimos y máximos se establezcan en función no de un precio fijo, sino de la capacidad de ingresos de las familias.
Desde las instituciones sostienen que el primer paso es conocer el stock de pisos que hay en la isla para confeccionar una bolsa de la vivienda, tal y como solicitan plataformas como Ibiza, Indignados con los Alquileres. Este tipo de asociaciones sirven como altavoz para los afectados por una situación de abuso, que vulnera el derecho universal del ser humano a una vivienda digna. Se les debe escuchar porque en esta isla no hay quien viva.
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