No tenía muchas esperanzas de que ayer lunes hubiese alguna novedad en Sant Antoni. Después de la noticia aparecida en este periódico sobre las multas desaparecidas de Valdés lo normal es que hubiese habido alguna dimisión. En Alemania o Gran Bretaña alguien con este escándalo ya habría dimitido. Por ocultar las multas, por no pagar a las arcas de tu municipio un dinero que te corresponde abonar, por un posible tráfico de influencias y por mentir. Porque el Ayuntamiento, en boca de su portavoz, dijo el sábado a este periódico que Valdés pagaría las multas cuando se las notificasen. El domingo, un colaborador de este periódico que ha trabajado muchos años como guardia civil, me aclaraba que al firmar la multa ya se producía la notificación a Valdés. Lo que no esperaba ni Valdés ni el Ayuntamiento es que tuviésemos las dos multas en nuestro poder. Por lo tanto, Valdés sólo tenía un camino al recibir las multas: pagarlas. Pero no fue así. Las multas han desaparecido y en ese camino habrá que ver qué papel ha jugado Aída Alcaraz, responsable de la Policía Local, que el domingo no contestó el teléfono pese a los numerosos intentos de este medio. Luego se quejan de que no contrastamos, pero es difícil si no contestan las llamadas. Lo que ha ocurrido es un episodio vergonzoso. Y no me vengan que si estas noticias son porque ahora recibimos menos publicidad, que si la TEF ya no hace tales programas, o si hace siete años nuestra empresa facturaba más. Todo lo pasado no nos deslegitima para seguir informando. Faltaría más. Porque ya he visto que algunos utilizan esta estrategia para desacreditar unas informaciones que en cualquier país serio serían motivo de dimisión automática. Aquí no.