OPINIÓN | Melitón Cardona, diplomático jubilado

La libertad de expresión

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El artículo 19 de la Declaración universal de derechos humanos de 1948 establece que «todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión»; esta formulación maximalista resulta más matizada en el Pacto internacional de derechos civiles y políticos de 1966 al añadir que «su ejercicio entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias a) para asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás y b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública».

La justificación de esta limitación se basa en el principio del daño (harm principle) recogido por Stuart Mill en su obra de 1859 On Liberty: «El único fin para el cual el poder puede ser ejercido legítimamente sobre cualquier miembro de una comunidad civilizada contra su voluntad es el de evitar el mal ajeno».

A raíz de determinadas condenas relacionadas con enaltecimiento del terrorismo o ultrajes a la Nación se está pretendiendo que constituyen ataques a la libertad de expresión, pero resulta paradójico que quienes hoy más postulan su ejercicio ilimitado sean los mismos que pretenden acotarla en virtud de preceptos no escritos de la llamada «corrección política».

La ley 52/2007, de 26 de diciembre, eufemística y arteramente denominada ‘Ley por la que se reconocen y amplían Derechos y se establecen Medidas en favor de quienes padecieron Persecución o Violencia durante la Guerra civil y la Dictadura’ viene perpetrando un auténtico «historicidio» que el Partido Socialista que la perpetró pretende ahora reforzar mediante otra que permita ilegalizar cualquier asociación o fundación que sostenga puntos de vista discrepantes sobre hechos acaecidos en España en el siglo XX. Su artículo 6 prevé la creación de una ‘comisión de la Verdad’ que ni el propio George Orwell hubiera logrado imaginar. No es de extrañar que doscientas personas -entre las que se encuentran Stanley Payne, Joaquín Leguina, Fernando Savater, Juan Velarde- hayamos firmado un manifiesto contra tal aberración, que «supone un ataque a los fundamentos de la Constitución y los valores superiores que su ordenamiento jurídico consagra, tales como la libertad, la justicia, la igualdad, y el pluralismo político».

En todo caso, hay que agradecer a Pdr Schz de la Preveyéndola y Noesnó sus denodados esfuerzos por reducir a su partido a la insignificancia, siguiendo la estela de lo sucedido en Francia, Italia, Alemania, Austria y demás países en los que los partidos socialdemócratas fueron antaño preponderantes y hoy están en vías de extinción por su incapacidad de adaptarse a lo que los anglosajones denominan facts of life. Cuando no hay ideas, buenas son las ocurrencias.

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gmente
Hace un año

Cómo será esta modificación de la ley libberticida que incluso muchos socialistas históricos están abandonando el partido. No podemos permitir que jamás se aprueben leyes inspiradas por el comunismo, el chavismo y Podemos.

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CARMEN
Hace un año

Pobre España. Cuesta abajo sin frenos. Pagamos a los políticos como si sirvieran al pueblo y se sirven del pueblo. No hay donde descansar la vista, a uno malo le sustituye otro peor. Parece mentira que en vez de dedicarse a solucionar problemas reales o a rectificar errores de bulto, como ese Estado mastodóntico que no nos podemos permitir, se dediquen a las "ocurrencias" legislativas que señala el autor.Esta Partitocracia de las 17 Españitas nos lleva a la ruina.

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