El Ayuntamiento de Sant Antoni ha vivido cuatro años para olvidar, con un gobierno catastrófico en las formas y, a tenor del resultado electoral, nada diligente en la gestión. Cuando la concejala tránsfuga del PI, Cristina Ribas, pasó al gobierno municipal traicionando a su partido, se rompieron todas las reglas del juego democrático. Algo impropio de un partido como el PSOE que suele abanderar la lucha por la transparencia y la dignidad política. Cuesta creer que Vicent Torres, líder de los socialistas ibicencos, pudiese bendecir aquella operación política de Sant Antoni, incumpliendo el código ético de su partido, cuando apenas quedaban unos meses para terminar la legislatura. Pero lo hicieron y ahora los resultados dan al PI la posibilidad de ser decisivos en la elección del nuevo alcalde. Y es que la política a veces da una segunda oportunidad y Joan Torres tiene ahora la posibilidad de desquitarse y enviar a la oposición a la coalición formada PSOE y Reinicia, fracasada en las urnas, como antes lo hicieron en los despachos. Y no hablemos ante una parte de la opinión pública que no reía ni sus métodos ni las salidas de tono. Atrás quedan los desplantes de Valdés con los policías, que le obligaron a disculparse; el asunto de las multas que se quedaron en un cajón; y la denuncia contra Aída Alcaraz, que la obligará a sentarse en el banquillo por acoso laboral. Tampoco fueron capaces de dialogar con los vecinos porque todos aquellos que no eran de los suyos o no pensaban como ellos, no merecían la más mínima atención. Para los discrepantes con la gestión del tripartito solo había desprecio, sobre todo en las redes sociales, como cuando Valdés atacó a periodistas de este medio simplemente por dar su opinión por los accesos a Cala Salada. Solo a algunos, claro, porque la soberbia tiene un límite. Además de perder las formas durante cuatro años, el domingo perdieron las elecciones. Se lo han ganado a pulso.