Lo más destacable cuando apenas llevamos un mes desde que los alcaldes tomaran la vara de mando ha sido el incremento generalizado de sus sueldos y los de sus concejales. Una medida que ningún partido prometió durante la campaña pero que, a excepción de hace cuatro años, todos se empeñan en cumplir a rajatabla cuando empieza una nueva legislatura. Los cinco alcaldes y el presidente del Consell d’Eivissa cobrarán entre 50.000 y 60.000 euros brutos al año, un sueldo acorde con su responsabilidad y con el presupuesto que manejan. Quienes también verán cómo mejora su bolsillo son los cargos de confianza (entre ellos siempre hay algún periodista) que cada gobernante elige a dedo para que les asesoren en su día a día. Muchos de ellos proceden de la actividad privada, donde los salarios son muchos menores que los que se ofrecen en la Administración Pública. Mi felicitación a todos ellos.

Como consecuencia de este desajuste en los emolumentos entre el sector público y el sector privado, todos los medios de comunicación sufrimos cada cuatro años la marcha de algún compañero que se incorpora a algún gabinete de prensa tentado por un sueldo sensiblemente o muy superior al que venía cobrando hasta el momento. Nada que reprochar. Lo que sucede es que son los ciudadanos los que al final salen perdiendo ya que a menos periodistas en las redacciones, menos preguntas se hacen, menos respuestas dan los políticos sobre sus actuaciones y, en definitiva, existe menos control sobre nuestros gobernantes. Si los políticos tienen salarios dignos y en consonancia con su responsabilidad, los periodistas no tendríamos que tenerlo tan claro a la hora de aceptar una oferta para trabajar en la Administración.