Que la Fiscalía depende del Gobierno ya lo dejó cristalino Pedro Sánchez meses atrás. Pero ahora asistimos a una vuelta de tuerca sin precedentes, una puerta giratoria tan inaudita como sonrojante. Así, sin anestesia, la hasta hace 48 horas ministra de Justicia, Dolores Delgado, entrega su cartera ministerial para convertirse en fiscal general del Estado.

«Consideramos que el nombramiento de José Manuel Maza no garantiza la independencia de la Fiscalía General del Estado», denunció el PSOE en noviembre de 2016. Por entonces gobernaba el PP. Siempre la doble vara de medir. El nombramiento de Delgado es un torpedo en la línea de flotación de la separación de poderes, pero en los mundos de Sánchez todo es posible. Donde caben 22, caben 23. A efectos prácticos, la nueva fiscal general será una pieza clave del Ejecutivo en el horizonte que se plantea en la «crisis política» de Cataluña.

Hoy impera la ley del silencio entre los socios que hace unos meses juraban en arameo. Uno recuerda el ímpetu y la insistencia con la que hace unos meses Pablo Iglesias Turrión exigía la dimisión de la ministra Delgado tras conocerse una conversación en la que la jurista desgranaba al exjuez Baltasar Garzón y al polémico excomisario José Manuel Villarejo un encuentro de fiscales y jueces españoles con menores en Colombia. «Alguien que se reúne de manera afable con un personaje de la basura, de las cloacas de Interior en nuestro país, debe alejarse de la vida política porque hace daño a la mayoría parlamentaria que protagonizó la moción de censura y porque no es aceptable que en este país haya ministros que sean amigos de tipejos como Villarejo». Pablo Iglesias dixit. La resistencia de Podemos, la que ahora toca el pelo de las carteras ministeriales, ahora no sólo no jura en arameo, sino que hasta promete lealtad al rey Felipe V, antes ciudadano Borbón.

Lo dicho; todo es posible, hasta el hecho de que Sánchez tilde de «impecable» el nombramiento de Delgado. Impecable.