Una vez rota la unanimidad política y el consenso en el ayuntamiento de Sant Antoni, sobre el futuro del puerto ubicado en su municipio, aparece de forma inevitable el conflicto de intereses en torno a esta infraestructura. El punto de conflicto es si los ferrys deben volver a operar en este puerto, o si tal cosa no debe permitirse.

El grupo municipal del PP con el alcalde a la cabeza y el de Ciudadanos, han votado a favor del regreso de este tipo de buques a este puerto, mientras que el resto de grupos políticos del ayuntamiento, lo han hecho en contra, incluyendo PxE que no hay que olvidar que son socios en el gobierno municipal y cuyo concejal es el primer teniente de alcalde.

Los argumentos utilizados por los que están a favor del regreso de la operativa de este tipo de naves, se basan en una supuesta perdida económica para el municipio si no se consigue el regreso de los ferrys a ese puerto, así como una dudosa cuestión de seguridad y garantía de futuro para toda la isla.

¿Realmente existe algún peligro por tener un solo puerto comercial en la isla?. La respuesta es claramente que no, ya que se ha podido comprobar que el puerto de Eivissa está perfectamente estructurado para dar cabida a toda la actividad comercial de este tipo. Está claro que las dimensiones reducidas de nuestro territorio insular, hacen que en realidad no exista diferencia ninguna por el hecho de que las mercancías lleguen a su destino procedentes de un puerto o del otro.

¿Llegan más turistas a la isla si los ferrys atracan también en el puerto de Sant Antoni?. De nuevo la respuesta es negativa y las cifras cantan. Durante la temporada veraniega de 2019 operando el de Eivissa como único puerto comercial, llegaron a la isla más visitantes que en la misma temporada de 2018 en la que esa actividad comercial se desarrollo en los dos puertos.

Por lo tanto, ni hay más turistas que se alojen en hoteles de Sant Antoni por el hecho de que operen los ferrys en su puerto; ni los comercios del municipio obtienen mayor beneficio por ello. Y siendo todo ello así de claro, ¿quien es el que puede obtener mayor beneficio si se recupera la operativa comercial en Sant Antoni?; no cabe duda que es la empresa pública “Ports de les Illes Balears” ya que es la responsable de la gestión de esta infraestructura y por tanto la que se embolsa todo lo que pagan las navieras por las tasas marítimas. Además, no deberíamos olvidar que esta entidad pública no ha tenido el menor reparo en desviar parte de los ingresos que obtiene a través de este puerto entre otros, a proyectos de Mallorca, como por ejemplo el metro de Palma. Eso sí, tanto el metro como el puerto, los gestiona la misma conselleria del Govern, la de “Mobilitat i Habitage”, al frente de la que está el menorquín Pons, quien no tiene reparos en demostrar sus preferencias por Mallorca a la hora de decidir el destino de su presupuesto para financiar diversos proyectos.

Detalle muy a tener en cuenta también, es el vacío que se está haciendo al grupo municipal socialista de Sant Antoni, tanto por parte de la consellería del Govern en manos socialistas, como de la FSE y del PSIB; dejando a sus compañeros de Portmany totalmente solos y aislados en la defensa de los intereses del municipio. El propio portavoz socialista en el ayuntamiento, ha declarado no confiar en que desde el Govern se acate y avale la decisión aprobada por mayoría en el pleno, con el voto a favor de su grupo.

Capítulo a parte merece el estudio encargado a una empresa externa, para que tenga un carácter imparcial, si bien de todos es conocido que al ser el Govern el pagador del mismo, el estudio en cuestión jamás ofrecerá conclusión alguna que vaya en contra de la voluntad de la consellería balear que lo encargo. Es por ello que el mismo solo resalta hipotéticos beneficios del regreso de los ferrys, olvidándose de todos los problemas que ello conlleva para la principal industria de Sant Antoni, que es su insustituible actividad turística.

De nuevo se pretende que el interés económico de unos pocos acabe perjudicando el interés general.