Una dimisión inaplazable

Ello constituye un ejemplo más de que algunos políticos piensan que el dinero público “no es de nadie” (como dijo la vicepresidenta Carmen Calvo), cuando en realidad es de todos y por ello se debería gestionar con la máxima de las precauciones. Más tarde, un juez de la Audiencia Nacional tumbó el cese arbitrario, nulo e ilegal del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, quien no se doblegó a las intenciones espurias del ministro que tenían por objeto obligar al coronel a filtrarle el desarrollo de las investigaciones por la manifiestación del 8M. Marlaska demostró, una vez más, su convicción de que la autoridad política está por encima incluso de la propia democracia.

Pero la gota que ha colmado el vaso ha sido la ignorancia intencionada que ha demostrado el ministro (y magistrado) al instruir a la Policía Nacional que obviara el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, animándoles a algo a todas luces ilegal como es entrar en una vivienda a la fuerza sin que en ella se cometa delito flagrante alguno.

Las garantías constitucionales protegen a los ciudadanos del abuso y la arbitrariedad, muy a pesar de este juez en excedencia. No es que Marlaska tropiece dos veces con la misma piedra, es que parece querer partirla con la cabeza. Lo más grave es que lo hace con la connivencia de un presidente que sabe lo que es aguantar el chaparrón y que no parece dispuesto a ofrecer el menor reconocimiento de responsabilidad ni a cesarle.