Francina Armengol. | Daniel Espinosa

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La pandemia pasa factura a todo aquel que lidere un ejecutivo, pero Francina Armengol ha salido especialmente quemada del ecuador de la legislatura. Está cansada y sabe que ser el animal político más brillante de Baleares no le va a ser suficiente para torcer el brazo a una Marga Prohens que plantará cara para ser la nueva inquilina del Consolat de Mar. A la presidenta le quedan todavía algunos episodios en los que podría salir damnificada como una eventual imputación en la causa que investiga las concesiones de algunos puertos deportivos como el de Eivissa o el de Maó.

A pesar de su aparente desgaste, esta semana ha conseguido coser la boca de la oposición que la increpaba orgullosa por no cumplir con los acuerdos relativos al Régimen Fiscal de Baleares (REB). El PP reclamaba que llegaran a Baleares 90 millones de euros, pero Armengol y Montero anunciaron a bombo y platillo que finalmente serán nada menos que 183 millones. Esta extraordinaria (y merecida) noticia para todos los ciudadanos del archipiélago supone un balón de oxígeno para los socialistas, quienes no dudarán en usarla hasta la exasperación durante una campaña electoral que se antoja intensa.

Estamos ante un logro de calado pero que tiene un riesgo. Ahora el ejecutivo autonómico tiene que decidir en qué va a invertir el botín. Si Armengol lo destina a proyectos exclusivamente mallorquines o lo diluye en chiringuitos varios cuyo beneficio social es nulo, la oposición tendrá una potente arma para dispararle y dejar este pomposo anuncio en agua de borrajas. En cambio, si lo hace bien, se verán desarmados.

Con este acuerdo, Armengol ha metido un gol por la escuadra que le sirve para sumar puntos y salir del frío riesgo de los puestos de descenso, pero todavía queda mucha liga.