El concejal de Movilidad Aitor Morrás, en una imagen de archivo. | Marcelo Sastre

En algún momento, todos absolutamente todos nos vemos afectados de alguna manera por las decisiones que los políticos están obligados a tomar por estar al frente de la gestión de las diversas áreas de actuación en las distintas instituciones que rigen nuestro día a día. Es indudable que resulta imposible que esas decisiones contenten al cien por cien de la población afectada, si bien cabe esperar que a través de las mismas se vele por el interés general.

Sin duda la movilidad y el aparcamiento en el municipio de Vila es un grave quebradero de cabeza para el Ayuntamiento y muy especialmente para el concejal de Vivienda y Movilidad de la capital de la isla, responsable directo de esta área de gestión. Por lo que le conozco, creo que se trata de una persona preparada y que tiene entre sus prioridades el interés general de la población de su municipio.

Ahora bien, debo reconocer que me causó estupefacción el titular de una entrevista que se le hizo hace unos días en este mismo Periódico de Ibiza y Formentera y que era parte de la respuesta a una pregunta sobre el aparcamiento de los coches en el municipio. En la misma el concejal dice textualmente: «creo que para los residentes la falta de aparcamiento no es cierta. Otra cosa es para los que vienen de fuera,...».

Una respuesta así contiene varias incongruencias; cualquiera que haya vivido o viva a día de hoy en Vila y no disponga de plaza en algún aparcamiento de la zona en la que reside, sabe perfectamente de las dificultades que hay durante todo el año para encontrar aparcamiento en la calle, con horario de zona azul o fuera de la misma. Por lo tanto es incomprensible que se afirme que los residentes no tienen problemas para aparcar. Y si hablamos de una temporada de verano normal, apaga y vámonos.

De entrada da la sensación de que se está muy alejado de la realidad de las calles del municipio, pero si además tenemos en cuenta que parece responsabilizar de la situación a los que vienen de fuera, no parece que pueda haber muchas opiniones muy favorables a semejante argumento.

Cabe recordar que ni el estado de los aparcamientos disuasorios fuera del núcleo urbano, ni el transporte público para trasladarse de los mismos hasta el centro, están en las mejores condiciones de servicio; por lo tanto queda muchísimo trabajo por hacer. No vale por ello dar la sensación de cierto pasotismo en cuanto a la problemática que afecta a los residentes, ni responsabilizar de la saturación del núcleo urbano a los del resto de municipios.

Por un lado cabe señalar que la mayoría de los residentes de otros municipios que transitan por Vila, lo hacen para hacer compras en los comercios o por la necesidad de visitar los diversos servicios públicos que tienen su sede en la capital. En la misma están los juzgados, el hospital, el puerto, los registros de la propiedad y otros muchos servicios públicos y privados. Desde luego la mayoría no viene simplemente a dar un paseo.

Tampoco podemos olvidar que para todos los residentes y visitantes de Formentera es obligado su paso por el puerto de Vila, que junto al de La Savina son los puntos de entrada y salida de la menor de las Pitiusas.

Precisamente por todos estos hechos se aprobó en el Parlament una Ley de Capitalidad de Eivissa, para compensar presupuestariamente por los gastos que todo ello ocasiona al ayuntamiento de la capital. En aplicación de la citada Ley, se aporta entre el Govern Balear y el Consell Insular de Eivissa la nada despreciable cifra de 5.000.000 de euros anuales para la financiación de diversos proyectos que se van aprobando a través del Consell de Capitalidad.

Después de años de trabajo y negociaciones se acabo aprobando la Ley de Capitalidad de la ciudad de Ibiza, que en su exposición de motivos recoge que la capital de la isla, en su condición de prestadora de servicios públicos a todas las personas de las Pitiusas en general, sean o no residentes y en cuyo artículo 12 dice que se establece un mecanismo especial de financiación destinado a garantizar la cobertura de los costes económicos y sociales derivados de la condición de capitalidad.

Por tanto esta ley debería ser acicate suficiente para ponerse a trabajar por y para los residentes, los comerciantes y los no residentes que nos visitan, que en ningún caso pueden considerarse responsables del problema.