Si la semana ya estaba siendo nefasta para los intereses de las Pitiusas. El viernes se produjo un hecho que tampoco ayuda a la imagen de seguridad sanitaria. El Govern se vio obligado a cerrar el Pirata, situado en ses Illetes en Formentera, porque sus trabajadores debían estar guardando cuarentena tras haber estado en contacto con personas que habían dado positivo en COVID-19. Un sinsentido que daña la imagen y demuestra una gran irresponsabilidad.

La Conselleria de Administraciones Públicas y Modernización del Govern balear informó ayer de que el Govern ha cerrado provisionalmente un establecimiento de restauración en Formentera por mantener en activo a cinco trabajadores que debían estar en aislamiento por coronavirus.

En una nota de prensa, la Conselleria explicó que el local permanecerá cerrado hasta que la propiedad efectúe la desinfección pertinente y garantice que el personal es negativo en COVID-19 y ha finalizado el periodo de cuarentena.

Un operativo conjunto coordinado por la Dirección General de Emergencias e Interior, en el cual ha participado la Dirección General de Salud Pública y el Consell de Formentera, ha decretado, por primera vez, el cierre provisional de un establecimiento de restauración por diferentes incumplimientos de la normativa sanitaria.

Después de que este miércoles se detectaran dos casos positivos de COVID-19 entre el personal del establecimiento y se activara el protocolo de aislamiento de sus contactos estrechos, cinco de estas personas que tenían que permanecer en cuarentena a la espera de resultados, han sido identificadas mientras trabajaban en el establecimiento.

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Se ha levantado el acta y decretado una orden de suspensión temporal de la actividad

En consecuencia, se ha levantado acta y se ha decretado una orden de suspensión temporal de la actividad del local hasta que haga efectiva la desinfección pertinente y pueda garantizar que el personal en activo no ha sido infectado por COVID-19 y ha finalizado el periodo de cuarentena indicado.

La resolución de los expedientes iniciados en estas actuaciones se regula en el Decreto Ley de régimen sancionador para los incumplimientos de las normas relativas a la COVID-19, en vigor desde el 10 de julio. Las sanciones pueden llegar a los 600.000 euros cuando se produzcan infracciones muy graves.

Esta actuación se enmarca dentro de la campaña de inspecciones conjuntas para vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención derivada de la pandemia de COVID-19.