Satisfacción en Ibiza y Formentera por la anulación del reglamento de Costas

Así se expresaron Vicent Tur y María José Mayans, quienes recordaron que «hay muchas cosas en esta ley que están mal hechas y que no cumplen criterios geomorfológicos, invadiendo aspectos socio-económicos y culturales de la isla». Tur afirmó que «no puede gobernarse a fuerza de decreto en cosas tan sensibles y sin escuchar al pueblo», aseguró también en relación a la modificación del reglamento aprobado en 2022.

Mayans explicó que las consecuencias del decreto para un lugar como Formentera hubieran sido «desastrosas», provocando más problemas de los existentes en estos momentos al ser más restrictivo.

Tur señaló además que han logrado demostrar que sus manifestaciones tenían una base legal «y en este caso lo hemos conseguido tumbando un Real Decreto en el Supremo, cosa que no sucede todos los días».

Los afectados afirmaron que con este reglamento el Gobierno pretendía «deshumanizar la costa», eliminando cualquier tipo de actividad. Cambiar el concepto dunar o el silencio administrativo, hubieran sido otros efectos de la aplicación de la nueva ley. «Antes, si no te decían nada, se podía pintar o cambiar una ventana si era necesario. Ahora, con el Real Decreto, el silencio administrativo se transformaba en un no», advirtió.

Desde la Asociación de Afectados por la Ley de Costas en Ibiza aseguraron celebrar la noticia del Supremo a la espera de conocer la sentencia en profundidad. Su presidenta Aixa Torres consideró que la resolución del Tribunal «por lo menos» retrasa los efectos «nocivos» que supone la aplicación del reglamento del año 2022, aunque «no cabe duda de que ahora, más que nunca, es el momento de continuar reivindicando los derechos de todos los concesionarios afectados».

Torres defendió la necesidad de una revisión de la Ley de Costas y de su reglamento que contemple «de forma efectiva» la realidad de la costa pitiusa y que sea respetuosa con el modelo económico de las islas. «Es necesario que desde Madrid se escuche a todas las voces afectadas. La realidad no es idéntica para todos. Los usos del litoral y nuestro modelo económico no es uniforme en todo el país. Es necesario que el Estado respete estas diferencias. El caso más paradigmático es Formentera», afirmó.

Las valoraciones

También desde la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera expresaron ayer su satisfacción por la decisión del Supremo que supondrá «efectos importantes para todos los afectados, no solamente en Formentera, sino en todas las islas y en todo el litoral español».

En un comunicado, desde la patronal explicaron que la nulidad implica la vuelta atrás en la interpretación de las prórrogas concesionales y, sobre todo, la aplicación de la diferenciación de los tipos dunares, una cuestión muy importante en Formentera para definir hasta dónde alcanza el dominio marítimo público-terrestre.

Responsables de la Cámara explicaron que la sentencia tumba un reglamento que introducía una vía «arbitraria e injusta», aunque no entra a valorar ninguna de las cuestiones de fondo que han planteado las partes y se limita a declarar la nulidad por una cuestión formal. Ello significa que el Ministerio puede volver a iniciar los trámites para la aprobación de un nuevo reglamento sin modificar su contenido, advirtió la Cámara de Comercio.

La patronal recordó que más de 1.500 empresas pitiusas podían verse afectadas por el reglamento, por lo que reiteró que «no puede modificarse una ley de tanta repercusión sin un consenso, sin la participación de todos los afectados».

Desde el Consell d´Eivissa, el vicepresidente Mariano Juan destacó ayer que en su recurso ya aseguraban que el reglamento era ilegal por introducir arbitrariedades y por no haber respetado la participación pública. «Nos llamaban alarmistas, aunque el tiempo pone a cada uno en su lugar», señaló.

En octubre de 2022, el Consell anunció que iba a presentar un recurso contencioso administrativo contra la modificación del Reglamento General de Costas, calificándolo como «una injusticia» que «no tiene en cuenta los derechos de propietarios y explotadores de los negocios que existen a lo largo de toda la costa ibicenca».

Por su parte, Toni Costa, portavoz del Govern balear, mostró su satisfacción por esta sentencia. «El reglamento de Costas, a nuestro entender, se extralimitaba de forma considerable y machacaba a muchos pequeños y medianos empresarios y ciudadanos, especialmente de Formentera, de forma inmisericorde», explicó Costa.

Toni Costa hizo una valoración «muy positiva» de la decisión del alto tribunal. «Estamos de enhorabuena porque muchos negocios familiares, que son la esencia de Formentera, hoy están en mucho menos riesgo que ayer», apuntó el portavoz del Govern. Costa añadió que espera que el Gobierno de Pedro Sánchez «tome conciencia y no se le pase por la cabeza retomar este reglamento y lo vuelva a implantar. Deseamos que se desista de determinadas cuestiones que el reglamento ponía sobre la mesa y no se vuelvan a plantear».

Costa recordó que, en paralelo, la Conselleria del Mar está redactando una ley de costas y litoral.
Cabe recordar que el Tribunal Supremo declaró este jueves nulo el Real Decreto 668/2022 que modificó el Reglamento General de Costas por omisión del trámite de consulta pública, estimando de esta forma el recurso presentado por la Plataforma de Afectados por el Deslinde de Formentera.