Desde este colectivo consideraron ayer a través de un comunicado que, entre otras cuestiones, el largo tiempo transcurrido obliga al desistimiento parcial de la licitación debido a los cambios sufridos en los títulos concesionales otorgados por Costas para la instalación de los quioscos. También, ante la necesidad de que los proyectos se hayan redactado de forma que puedan obtenerse las correspondientes licencias de actividad.
Los empresarios reconocieron ver «con sorpresa» cómo la formación Gent per Formentera (GxF) hace dos años apoyaba al colectivo y ahora «se muestra partidaria de la adjudicación cuando hay informes jurídicos que lo desaconsejan». También aseguraron sentirse «perplejos» ante el cambio de opinión de Sa Unió, que se comprometió a revisar y a contestar todas las alegaciones del sector, algo que todavía están esperando.
Estos antiguos concesionarios afirmaron además que el exvicepresidente del Consell, José Manuel Alcaraz, tuvo en su poder un informe relativo al concurso y ocultó su resultado «hasta que salió en prensa». Dicho documento habría sido redactado por la consultora pública FEUIB y concluiría que el concurso «no se puede adjudicar», según aseguraron los anteriores concesionarios.
Dando más detalles sobre el informe, el colectivo destacó que su redacción habría corrido a cargo del catedrático titular de Derecho Administrativo en la UIB, Felio Bauzá. «Nos sorprende que ahora Sa Unió no tenga en cuenta dicho informe cuando ellos mismos presentaron en el pleno del Consell un informe de este mismo catedrático para solicitar la prórroga en mayo de 2022», añadieron.
Sobre su petición para que se desista del proceso de adjudicación, los empresarios recordaron la obligación de subrogar a los trabajadores, un hecho reconocido por todas las partes implicadas y «que no se tuvo en cuenta en la redacción de los pliegos». Entre otros ejemplos, destacaron cómo la oferta valorada por la mesa en primer lugar contemplaba cinco trabajadores, cuando el antiguo licitador contaba con 15 empleados fijos discontinuos. «De media, hay más del doble de trabajadores reales de lo que las empresas presentaron. Por tanto, su oferta económica es irreal», criticaron.
«Estamos, pues, ante una supuesta falta de correlación entre la oferta técnica y la económica que no puede resolverse en fase de ejecución del contrato y determina la obligación del desistimiento del procedimiento y la imposibilidad de adjudicar los contratos», insistieron.
Los empresarios instaron a la Mesa de Contratación a comprobar estas cuestiones, contrastándolas con la información facilitada por los licitadores para asegurar que las ofertas se ajustan a las bases y confirmando que la propuesta económica más ventajosa es también viable. Entre otros asuntos, reiteraron la necesidad de que el órgano de contratación, la Junta de Gobierno, conteste a las alegaciones presentadas para dotar de seguridad jurídica la actuación del Consell. Además, defendieron su derecho a poder acceder al expediente y «es del todo necesario que se puedan conocer los informes jurídicos ya emitidos al respecto de todas estas cuestiones». Los empresarios no descartaron adoptar medidas legales para defender sus derechos.
«La situación es preocupante, ya no tanto para nuestras familias, sino para nuestros trabajadores que no saben cuándo podrán comenzar», declararon.
Los antiguos concesionarios, al referirse a la postura del presidente Llorenç Córdoba que apuesta por declarar desierto el concurso para convocar otro, comentaron que «estamos a favor de que se convoque otro proceso, ya sea porque el actual se declara desierto o porque se desista del mismo».
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