El Govern aprobó ayer la nueva ley de ordenación del territorio
para dar más poder a los consells insulars, y que fija un límite
máximo de 5 años para las moratorias urbanísticas, como ya adelantó
este diario. Después de muchos meses de negociación el Govern pudo
sacar ayer adelante la nueva ley de ordenación del territorio, que
modifica un texto aprobado en 1987. Esta ley es el paso previo
antes de transferir las competencias de ordenación del territorio a
los consells insulars, una decisión que podría aprobarse la semana
que viene.
El conseller de Presidència, Antoni Garcias, destacó que la
nueva ley prevé que los consells insulars sean los encargados de
realizar los planes territoriales insulares. «Los consells se
convierten en la herramienta clave de la ordenación del
territorio», planteó Garcias, quien recordó que el Govern presidido
por Matas quitó competencias a las instituciones insulares a través
de las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT).
La nueva ley establece que la revisión de los instrumentos de
los planeamientos urbanísticos sólo se podrán aprobar cuando se
adapten a distintas determinaciones. En concreto, podrán realizarse
modificaciones cando se disminuyan los coeficientes de
edificabilidad, y se disminuya la altura máxima de las
edificaciones, entre otras cosas. El Govern justificó ayer que la
nueva ley de ordenación del territorio simplifica el contenido de
las Directrices y refuerza el carácter suprainsular para que los
consells garanticen el desarrollo económico, controlen el
crecimiento y localicen las grandes infraestructuras y
equipamientos. En la legislación aprobada por el Ejecutivo
desaparecen los planes de ordenación del medio natural, cuya
función podrá ser realizada a través de planes especiales de
protección, regulados por la futura ley del suelo.
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