Todos los colectivos pertenecientes a la Pimeef que se consideran
afectados por la moratoria urbanística -canteros, transportistas,
distribuidores de materiales de construcción y electricistas, entre
otros,- presentarán sendas alegaciones a la normativa cautelar
aprobada por el Consell ya que consideran que «existen numerosos
puntos de dudosa legalidad» en el texto. Los diferentes sectores no
descartan presentar además recursos contenciosos administrativos
contra la moratoria.
Las diferentes asociaciones tomaron esta determinación durante
una reunión que se celebró ayer en la sede de la patronal pitiusa
en la que concretaron su postura, totalmente contraria, a la norma.
Así, el presidente de Pimeef, Antoni Marqués, aseguró ayer en
nombre de los afectados que el sector de la construcción «siempre
ha trabajado siguiendo la legalidad vigente y en cumplimiento de la
planificación urbanística creada por quienes detentaban la
responsabilidad de gobierno en ese momento, teniendo estos
representantes idéntica legitimidad democrática que los que ahora
han aprobado dicha norma cautelar».
Marqués denunció el hecho de que determinados políticos apliquen
al colectivo de constructores términos como «especuladores» o
«destructores del paisaje» porque son «injuriosos e indignos para
justificar sus actuaciones, de dudosa legalidad».Los sectores
afectados aseguraron que siempre han defendido «una clarificación
en el modelo territorial de las islas». El portavoz de la
plataforma sectorial contra la moratoria mientras dure el conflicto
será Pablo Arriba, actual presidente de la Asociación de
Constructores de Pimeef.
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