El pleno del Consell Insular decidió ayer desestimar el recurso
potestativo de reposición presentado por Juan Lladó Oliver,
administrador único de la entidad mercantil Wallis 21 S.L., una de
las promotoras de la urbanización de Es Pouet, afectada por la
moratoria, y precintada por el Consell Insular por continuar los
trabajos.
El rechazo a la petición salió adelante con los votos favorables
del Pacte y del Grupo Mixto mientras que la oposición se abstuvo.
Así, a pesar de que el empresario insiste en que las disposiciones
contempladas en la Norma Territorial Cautelar «violan derechos
lícitamente adquiridos y consolidados» ya que cuentan con licencias
y autorizaciones, el conseller insular de Urbanisme, Josep Mari
Ribas, señaló que la norma cautelar no es recurrible «porque está
de acuerdo con el ordenamiento jurídico».
Durante el pleno, el conseller del grupo opositor, Antoni Marí
Calbet, reiteró el rechazo de su grupo a la forma en la que se ha
aprobado la Norma Territorial Cautelar, asegurando que «ha dejado
al Consell en ridículo» y que no dice nada «en favor del prestigio»
de la institución. Marí Calbet aseguró que el PP está dispuesto a
revisar la normativa como forma de compensar el hecho de que el
Pacte no tuviese en cuenta al PP a la hora de redactar el texto
inicial.
Por su parte, el conseller insular de Urbanisme manifestó que
duda de que la gestión anterior del PP al frente del Consell
hubiese contribuido al prestigio de la institución, aunque añadió
que valora la oferta de colaboración del PP. Por su parte, el
conseller del Grupo Mixto, Joan Buades, que votó a favor de la
desestimación del recurso de la promotora de es Pouet, recalcó que
considera insuficiente el nivel de protección de la Norma
Territorial Cautelar y que la considera una burla a las
pretensiones de los pitiusos que piden un freno real a la
construcción.
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