La presidenta del Consell Insular, Pilar Costa, dijo ayer que no
comparte «el razonamiento jurídico» que ha hecho el Tribunal
Superior de Justicia de Balears en la sentencia que determina que
la Comissió Insular d'Urbanisme no tenía por qué otorgar la
declaración de utilidad pública a la desaladora del campo de golf
de Cala d'Hort porque el proyecto completo ya había recibido la
declaración de interés social. Costa dijo, sin embargo, que acataba
respetuosamente la resolución judicial, aunque consideró que apenas
tendrá consecuencias porque las obras de Cala d'Hort están paradas
y la zona será protegida.
Costa dijo que los progresistas no sólo criticaron las
decisiones sobre procedimiento que adoptó el equipo de gobierno del
Partido Popular sino, especialmente, «las decisiones políticas como
la de conceder a un campo de golf en Cala d'Hort la declaración de
interés social».
En abril de este año, el Pacte Progressista decidió allanarse en
este caso, es decir, dar la razón al demandante (Els Verds) a pesar
de que la parte demandada era, precisamente, la institución que
ellos gobernaban. Entonces, Pilar Costa dijo textualmente la
obligación de todo su grupo era ir «en contra de decisiones que no
siguieron los trámites legales correspondientes». Ayer, la
presidenta dijo que la decisión de allanarse había sido criticada
por el PP porque podía perjudicar a la promotora, «pero se ha
demostrado que no es así».
Por su parte, desde el PP, que tiene previsto profundizar sobre
este asunto en una comparecencia pública prevista para el lunes, se
apuntó ayer que por fin «ha quedado patente, después de toda la
tinta que corrió, que las cosas se hicieron correctamente».
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