Los integrantes a las Jornadas de Prevención de Violencia Doméstica destacaron ayer en la clausura la necesidad de abordar este fenómeno de manera transversal y multidisciplinar implicando a todos los colectivos e instituciones. Los expertos consideran «insuficiente» el I Plan de Violencia Doméstica. «No ha llegado a alcanzar los objetivos previstos, no se ha sabido captar la singularidad del maltrato. El maltratador tiene acceso privilegiado a la víctima. Les unen vínculos afectivos y emocionales que dificultan la ruptura del círculo de violencia», dijo Sara Santacruz, una de las ponentes que han redactado las conclusiones.

Respecto a los recursos sanitarios, sociales y de urgencia, los ponentes aseguran que el problema de los malos tratos tiene cada vez un mayor apoyo social y se dispone de más información y recursos, «pero se necesitan más servicios de emergencias de 24 horas para dar respuesta inmediata a las mujeres y programas para facilitar que puedan salir de forma gradual de las casas de acogida», aseguró la trabajadora social Olga Guerra. Además, los expertos consideran que «la atención a las víctimas debe ser lo más rápida e integral posible» y la necesidad de formación de los profesionales.

Otra de las cuestiones en las que se incidió fue el maltrato psicológico, más difícil de demostrar, que va unido a las agresiones físicas. El máximo riesgo de ser víctima de homicidio conyugal está entre los nueve y diez meses desde el proceso de separación, «porque son los momentos claves en el proceso de adaptación a la nueva situación», explicó Santacruz. El maltrato crónico continuado genera tantas consecuencias físicas ( automedicación y abuso de alcohol y drogas), como psicológicas (depresión, ansiedad, pérdida de autoestima y trastorno de estrés).

La necesidad de tratar al agresor, cuando la víctima sigue conviviendo con él (el 50% de los casos) fue otra de las conclusiones. Los maltratadores que recurren a tratamientos lo hacen bajo presión, «pero lo importante es que consigan iniciar el tratamiento», subrayaron. Los expertos incidieron, además, en la necesidad de programas de sensibilización e información de los funcionarios de juzgados.