El secretario general del sindicato UGT en las Pitiüses, Diego Ruiz, presentó ayer en Eivissa el informe sobre accidentalidad laboral en Balears elaborado por su organización con datos recogidos durante los cinco últimos años y en el que se pone de manifiesto que, en la isla de Eivissa, se han duplicado los siniestros ocurridos en el trabajo.

Según las cifras presentadas por UGT, en 1996 se registraron en Eivissa 1.578 accidentes, de los cuales 26 fueron calificados de graves y 2 se saldaron con la muerte del trabajador. El año pasado la cifra alcanzó los 3.420 siniestros, 31 de ellos graves y 5 mortales. Esta última cifra contrasta, además, con la de los últimos tres años, en los que los accidentes no se habían cobrado ninguna vida. En Formentera el incremento de la estadística también es preocupante y pese a que no hay accidentes mortales y los graves no suman muchos casos, las cifras empiezan a elevarse notablemente, hasta los 126 siniestros registrados en 2000.

Ruiz señaló que esto viene a confirmar «el incremento constante y alarmante de la siniestralidad» que, además, crece más en las Pitiüses que en el resto de las Islas, que registran las peores cifras de España. El sindicalista achacó este aumento a la precariedad laboral existente, a la falta de formación de los trabajadores (como consecuencia precisamente de dicha precariedad) y al elevado ritmo de trabajo que soportan, así como al «incumplimiento sistemático de la Ley de prevención de riesgos laborales por parte de las empresas y a la incapacidad de la Administración para controlarlo».

Desde UGT se resaltó el dato de que son los trabajadores con contratos inferiores a noventa días los que sufren más accidentes y que éstos se acumulan especialmente en el sector servicio aunque, cuando se trata de la construcción, éstos se saldan con un resultado que suele ser más grave. Ruiz consideró un «fracaso» el plan de choque que puso en marcha el Govern en el año 2000 y confió en que el «cambio de actitud» de la Administración sirva para tomar medidas más eficaces. En concreto, reclamó el prometido gabinete técnico de salud laboral.