EUGENIO RODRIGUEZ El Ayuntamiento de Sant Joan ha aprobado definitivamente sin recibir una sola reclamación la primera ordenanza de las Pitiüses que regulará la instalación de antenas de Telefonía Móvil con el objeto de preservar la salud de sus ciudadanos y proteger el paisaje y el entorno rural y urbano del municipio. A partir de ahora, el Ayuntamiento ordenará la retirada de las antenas de telefonía móvil que se instalaron sin la correspondiente licencia de obras y actividad.

Según el alcalde, Antoni Marí Carraca, sólo hay cuatro antenas, como mucho, que están «regularizadas», que en un plazo de dos meses deberán presentar un informe individualizado, emitido por un técnico competente en materia de telecomunicaciones y visado por el colegio profesional correspondiente, donde figuren los resultados de las mediciones efectuadas, indicando los límites de la exposición electromagnética alcanzados en su ámbito de cobertura.

El Ayuntamiento, por su parte, comunicará los resultados de los informes a los propietarios de los terrenos y edificaciones donde se encuentren colocadas las instalaciones. También se abre ahora un plazo de seis meses para que las antenas con licencia se trasladen a las zonas que marque la normativa, que establece que deben ubicarse preferentemente en suelo no urbanizable. La instalación de nuevas antenas precisarán de la correspondiente licencia municipal de obras y actividad y las que se ubiquen en suelo no urbano requerirán, además, la declaración de interés general por parte del Consell Insular. La normativa municipal de Sant Joan se adapta perfectamente a la de ámbito insular del Consell Insular, que aún está en periodo de exposición pública.

El límite de radiaciones permitido por la ordenanza de Sant Joan corresponde al fijado en el Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre acerca de las condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, dictado por el Gobierno. La ordenanza, asimismo, obliga a Telefónica a trasladar a otro lugar la antena de telefonía móvil que se alza a escasos 25 metros del colegio público de la localidad.