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El Ayuntamiento de Sant Antoni ha dado un nuevo ultimátum a Naves y Conducciones (NYC) para que en el plazo de una semana desmantele definitivamente la planta asfáltica instalada en el polígono de Montecristo. Si en este tiempo, NYC no retira la maquinaria, el Consistorio ejecutará el aval que depositó en su día la empresa para contratar a otra que lleve a cabo el desmantelamiento definitivo de la planta, según explicó a este periódico la edil de Urbanismo, Blanca Castiella. La empresa, según cuenta Castiella, está pendiente de que venga un equipo de fuera de la isla para llevarse de nuevo la fábrica móvil de asfalto a la central de Alicante. «Me dijeron que lo harían entre la semana pasada [la planta sigue igual] y la que viene. Como no sea así, el Ayuntamiento contratará a otra empresa para que desmonte la planta. Precisamente, se pidió a la empresa un aval para evitar ésto», explicó.

A la empresa, según Castiella, no le interesa tener la planta fuera de servicio. Naves y Conducciones ha solicitado un permiso al Consistorio para instalar la fábrica móvil de asfalto en otro solar del polígono, pero éste aún está a trámite. «NYC sabe que el proceso va para largo», apunta. El Ayuntamiento de Sant Antoni obligó a la empresa a cerrar la planta e iniciar su desmontaje el pasado 16 de diciembre, una vez se acabaron las obras de asfaltado del polígono, que es para lo que se permitió la instalación en Montecristo de la fábrica móvil de asfalto.

La empresa, no obstante, sólo retiró la cinta transportadora y otras pequeñas partes de la planta. Los vecinos del barrio de Can Llaudis, que el 14 de diciembre organizaron una marcha de protesta en contra de la planta, temen que NYC vuelva a producir asfalto en Montecristo. El Consistorio se vio obligado a precintar la planta, antes de que NYC acabara la pavimentación del polígono, cuando comprobó que se sacaba asfalto fuera de Montecristo para hacer una obra en Sant Jordi. La actividad de la planta provocó muchas molestias a los residentes en el barrio, que incluso llegaron a considerarla como un «atentado contra la salud pública».