Los argumentos que respaldaron la decisión del consistorio
fueron muy similares a los que la administración municipal esgrimió
en su momento en las alegaciones presentadas al Consell y en las
tesis empleadas para recurrir la norma territorial cautelar del 27
de octubre del 2000. Una demanda que recientemente denegó el TSJB.
El primer teniente de alcalde de Santa Eulària, Vicent Riera,
volvió a insistir en que la norma territorial cautelar dictada por
la máxima institución pitiusa atenta contra la autonomía municipal,
invadiendo competencias del ayuntamiento. El equipo de gobierno
señaló también que la modificación de las medidas urbanísticas
cautelares, contra la que presentarán el nuevo contencioso, no es
simplemente una ampliación, sino que debajo del nombre de
modificación se ha hecho una norma cautelar nueva, algo que, según
los populares, es ilegal, ya que la Ley de Ordenación del
Territorio (LOT) sólo permite la aplicación de una única moratoria
hasta que se apruebe el Plan Territorial Parcial.
El abogado del Ayuntamiento de Santa Eulària, José María Roig,
explicó que, además, el consistorio ha preparado y presentado,
dentro del plazo establecido legalmente, un recurso de casación
ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del TSJB que
desestimaba el anterior recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la administración municipal contra la moratoria
urbanística. Asimismo, añadió que el equipo de gobierno está
pendiente de que se admita a trámite para poder formalizar el
recurso de casación.
El equipo de gobierno aseguró que está en su «pleno derecho para
continuar con el proceso jurídico defendiendo la tesis de que el
Consell con la moratoria urbanística ha invadido las competencias
municipales».
El primer teniente de alcalde, durante el transcurso del pleno,
también criticó que el Consell haya contestado a sus alegaciones a
la modificación de la norma cautelar el 6 de marzo cuando ya se
estaba fuera de plazo. Según explicó José María Roig, la máxima
institución pitiusa ha hecho las cosas al revés, ya que debería
haber comunicado al consistorio si admitía o no sus enmiendas antes
de llevar a pleno en enero la aprobación definitiva de la
ampliación de las medidas cautelares.
La mayoría de las alegaciones presentadas por Santa Eulària a la
modificación no fueron tomadas en cuenta por el Consell, aunque sí
accedió a que en los 'falsos urbanos' se pueden hacer obras de
mejora de la seguridad.
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