La defensa de los propietarios de Benirràs calificó ayer de «expolio claro y abusivo» la prohibición de construir en esta zona, que quedará sellada a las posibilidades de edificación el próximo martes en el pleno del Parlament balear con la aprobación de la ley territorial que prevé proteger en su totalidad estos terrenos.
Los abogados Jaume Roig y Miguel Àngel Torres Colomar destacaron que las indemnizaciones están estimadas en «más de 50 millones de euros» y que se deberán pagar «en el momento en el que se priva de los derechos, que es cuando se apruebe la ley». La defensa de los propietarios hizo estas declaraciones durante una rueda de prensa ofrecida ayer ante una quincena de afectados en la que destacaron que continuarán defendiendo sus derechos aunque tenga que ser «por la vía judicial».
Los letrados hicieron primero un repaso por todas las reuniones que mantuvieron con representantes políticos para intentar encontrar una solución y destacaron que en estos encuentros ha habido «falta de argumentos» por parte de los representantes así como la ausencia de técnicos para evaluar las diferentes propuestas. Por ello, explicaron que rechazaron la propuesta del Consell de desplazar todas las viviendas unifamiliares junto a la carretera de acceso a Benirràs «por razones de orden económico, técnico y legal» y debido a que tendría «un coste para cada uno de los propietarios de los 16 chalés resultantes de 700.000 euros». «Esta propuesta parte de la base de que se hiciera un nuevo plan parcial, una nueva urbanización, deshacer lo que había hecho, y volver a redistribuir todos los aprovechamientos urbanísticos. Ello en la práctica era económicamente inaceptable y técnicamente inviable», explicó Torres, según quien ubicar allí las 16 parcelas para las viviendas unifamiliares «contravenía los principios de las normas subsidiarias de Sant Joan y suponía deshacer todo lo que está hecho»: «No serviría la depuradora, habría que hacer estaciones de bombeo; no serviría la red de suministro eléctrico, ni la red de suministro de agua», enumeró.
Cabe recordar que en el plan parcial se contempla la construcción de 112 viviendas y que la propuesta del Consell estaba enfocada a permitir la construcción reduciendo un 30% la ocupación del territorio, la edificabilidad a un 40%, y buscando disminuir el impacto paisajístico así como la renuncia de las indemnizaciones por parte de los propietarios.
Según los propietarios, se les presentó a los políticos una propuesta que cumplía con todas estas bases para edificar junto a las zonas ya construidas y que tenía «menos impacto paisajístico» pero que fue rechazada.
El alcalde de Sant Joan, Antoni Marí Marí 'Carraca', estuvo presente ayer en la rueda de prensa y se brindó como intermediario para organizar un último encuentro entre los propietarios y los políticos con representación en el Parlament para el lunes, un día antes de que apruebe la ley. 'Carraca', que hasta ahora se había mantenido al margen, señaló que es necesario «lograr que gane el sentido común, para que de una vez por todas se pueda proteger Benirràs y mantener los derechos adquiridos por sus propietarios mediante una solución pactada». Por otra parte, el abogado Jaume Roig lamentó que los representantes les dejen «miserablemente tirados» y señaló que estas decisiones responden a «intereses personalistas por parte de los políticos». «Nuestra frustración es por lo que nos dicen y por las actuaciones que han tenido ciertos políticos hasta ahora. Frente a eso entendemos que el colectivo de Benirràs continuará vivo y continuará luchando», agregó Roig, para quien «habrá problemas, y estos problemas los afrontaremos nosotros, pero también ellos».
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