El Parlament balear aprobó ayer por mayoría la Ley de Medidas Urgentes de Protección del Territorio, que prohibe edificar en cinco zonas de Eivissa como son Cala d'Hort, Roca Llisa, Benirràs, Punta Pedrera y Ses Feixes, así como en otras diez de Mallorca. En total, la ley protegerá más de 1.200 hectáreas entre las dos islas que, según el conseller balear de Mobilitat i Ordenació del Territori, Gabriel Vicens, en el caso de Eivissa tenían «una marcada presión urbanística».
La también conocida como Ley del Suelo recibió 14 enmiendas del Partido Popular de las cuáles diez hacían referencia a las Pitiüses pero entre las que únicamente se ha admitido una. Se trataba de una propuesta que prevé la protección de una zona concreta de Roca Llisa, que por una enmienda transaccional de Eivissa pel Canvi se extenderá hasta Cap Martinet. De esta forma queda protegida la franja comprendida entre Cap Librell y Cap Martinet.
Durante el debate parlamentario de ayer, el diputado popular José Juan Cardona criticó la falta de una memoria económica en el proyecto de ley debido a que es una normativa, señaló, «que significa gastos económicos importantes». «Si no hay un cálculo de lo que puede costar esta ley ¿cómo podemos decidir sobre ella de una manera adecuada?», expresó Cardona, que cifró en «más de 150 millones de euros» el coste de las indemnizaciones a propietarios, una cantidad que fue calificada de «ciencia-ficción» por el diputado socialista Joan Boned.
Cardona también acusó al Govern de jugar «cartas marcadas al intentar devaluar el valor económico de los terrenos que están afectados por la desclasificación» debido a que, según explicó, «la mitad de los artículos de la norma hacen una definición de suelo urbano para establecer las condiciones que perjudiquen los derechos adquiridos para los ciudadanos que hoy en día tienen estos suelos calificados como urbanos».
El diputado socialista Joan Boned aseguró, por su parte, que la ley «recupera la coherencia territorial como consecuencia de la política aplicada por el PP», y rechazó junto a Unió Mallorquina, Bloc per Mallorca y Eivissa pel Canvi el resto de enmiendas presentadas por los populares, porque, según coincidieron, buscan «más urbanización y desprotección».
En este sentido, entre las enmiendas del Partido Popular para Eivissa cabe destacar el mantenimiento de la Ley de Campos de Golf de 1998, cuya derogación ha sido apoyada por el mismo partido para el caso de Mallorca, una distinción muy criticada por los demás grupos parlamentarios, especialmente por los socialistas. «Las ANEIs y los bosques son iguales para Mallorca y para Eivissa, y si se han de proteger se deberá hacer por igual. Hay una contradicción en su discurso», dijo Boned a Cardona.
Por otra parte, en su alocución, la diputada de ExC Marian Suárez aseguró que las enmiendas del PP «tenían un objetivo claro: reducir el grado de protección territorial de las Pitiüses».
Entre otras enmiendas, los populares propusieron que en Cala d'Hort no se hagan actuaciones sin el consentimiento de los propietarios, un plan especial para Benirràs, definir el espacio ANEI sa Serra des Collet para la depuradora de Vila, mantener como urbanizables zonas del litoral como ses Variades y mantener también las licencias que ya tengan autorización de edificación «para no tener problemas constantemente en los tribunales», agregó Cardona.
Propietarios afectados de Benirràs y el presidente del Consell d'Eivissa, Xico Tarrés, estuvieron presentes durante el debate de la ley.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori, Gabriel Vicens, aseguró ayer que el Govern prevé indemnizar en función de las estructuras urbanísticas que ya «estén hechas» y de acuerdo con el gasto que se haya efectuado en esas obras, pero no sobre el «lucro que pueda estar previsto» en base a cálculos especulativos.
Vicens hizo estas afirmaciones después de que el PP exigiera ayer al Govern conocer el coste de las indemnizaciones que se derivan de la Ley de Protección del Territorio, a lo que Vicens respondió que por parte del PP sólo se «quiere dar una situación confusa», y destacó que desde la Conselleria que él preside se ha actuado de una forma «muy inteligente» y que proteger un territorio «muy importante» para unas islas que «viven del turismo». EUROPA PRESS
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