Los alcaldes del PP pedirán a Antich que el Estatut financie las desaladoras y el vertedero

Según el alcalde de Santa Eulària, Vicent Marí, si estas infraestructuras no son financiadas por el Estado o el Govern, los ibicencos pagarán «por unos servicios básicos unos costes elevadísimos» ya que, según indicó, el 70% las inversiones para las instalaciones hidráulicas y de residuos «va directamente a las tarifas». «Este año el recibo de factura ha subido un 30% y se espera que estos costos se multipliquen. Ahora pasó de 18 a 30 euros y puede terminar en los 90 euros cuando todas las infraestructuras estén ejecutadas», explicó el alcalde, quien agregó que si se pagara con los fondos del Estatut, la reducción que se podría conseguir en el recibo de ambos servicios sería del 40%.

Los primeros ediles de Sant Antoni, Santa Eulària y Sant Joan presentarán esta reclamación en el marco del Consell de Alcaldes extraordinario que celebrará hoy con la presidencia de Francesc Antich, y al que asistirán también la alcaldesa de Eivissa, Lurdes Costa, el alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas Agustinet, y el presidente del Consell d'Eivissa, Xico Tarrés. Serán peticiones que harán referencia a temas de competencias, de financiación local y de funcionamiento administrativo, y que fueron consensuados por los tres alcaldes.

En cuanto a la reclamación sobre una mejora en la financiación local, el alcalde de Sant Antoni, José Sala, destacó que los consistorios necesitan de forma anual una inyección económica similar al Fondo Estatal de Inversión Local y lamentó que éste sea «esporádico y puntual». «Si estas ayudas en vez de estar calculadas por cantidad de población se hicieran en función del territorio, por el grado de protección de cada municipio y de forma anual, se daría cumplimiento a un mandato constitucional que ahora no se cumple», apuntó.

Por otro lado, los tres alcaldes plantearán al presidente del Govern su convencimiento de que «la inversión de 30 millones de euros para comprar el recinto militar de Sa Coma no está justificada». «En otras partes, incluso de Balears como Menorca e Inca, las instalaciones militares se han cedido de forma gratuita. No queremos que estos 30 millones sean un déficit inicial de las inversiones que debe recibir Eivissa tanto a nivel balear como del Estado», apuntó el primer edil, quien remarcó que también pondrán sobre la mesa la queja de que el Consell ha rebajado la aportación que realiza a los ayuntamientos para obra pública mediante el Plan Insular de Obras y Servicios (PIOS).

Asimismo, los primeros ediles del PP volverán a reclamar el traspaso de las competencias en agua y turismo, y también insistirán en la necesidad de mejorar el transporte aéreo con la península, tanto en frecuencia como en horarios y costes. Además, en esta larga lista de reclamaciones, a la que después cada primer edil agregará las necesidades de sus propios ayuntamientos, los alcaldes pedirán que las tramitaciones administrativas con el Govern, sobre todo con la conselleria de Medi Ambient, sean más ágiles porque, según Sala, «tardan lo que no está escrito».

Por último, durante el encuentro los alcaldes también tratarán temas sociales y en este marco solicitarán a Antich que habilite «un fondo extraordinario de ayuda social gestionado por los ayuntamientos». «Somos los que atendemos las necesidades básicas de la población y es algo muy necesario en esta época de crisis», apuntó Marí.

El alcalde de Sant Antoni, José Sala destacó que ninguno de los tres representantes municipales está de acuerdo con la nueva norma territorial cautelar, en distintos aspectos. Según Sala. el desacuerdo está «especialmente en los artículos 40 y 41 del reglamento de gestión que no permite urbanizar y construir al mismo tiempo», algo que sí se podía hacer antes y que, explicó el alcalde, y que «simplificaba los costes para particulares y promotores». «Nos sorprende que en el decreto ley dice que Mallorca ha dejado sin efecto esta norma y allí sí se puede hacer simultáneamente. Es una discriminación entre islas», concluyó.