El juzgado Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Palma informó ayer que el Ayuntamiento de Sant Antoni deberá acreditar «la negativa de Baloo Music de permitir el acceso a la vivienda». Así lo asegura en un escrito del Juzgado enviado a los medios de comunicación en respuesta a la petición de entrada a la propiedad de Michel Cretu solicitada por el Consistorio para iniciar las obras de demolición.

Desde Sant Antoni aseguraron estar «sorprendidos» porque, según el teniente de alcalde, Joan Pantaleoni, ya «se ha entregado la documentación acreditativa de que no podemos entrar». «Pero además, en el auto en el que la jueza pone las multas al alcalde está plasmado el requerimiento en el que le dábamos un plazo a Cretu para desalojar la vivienda, un requerimiento que la misma jueza conoce porque se lo hemos enviado», apuntó el teniente de alcalde acerca del plazo de quince días que tenía la propiedad para sacar los bienes de su casa y de otros cinco días para responder si se desalojaría de forma voluntaria, y que ya ha vencido.

«Disfunción»

Para el Consistorio, «debe haber una disfunción» entre el Juzgado Nº1, que lleva el caso, y el Juzgado Nº3, ya que en éste último presentaron la autorización de entrada al domicilio porque, según Pantaleoni, es donde se tiene que presentar. «El juzgado Nº3 nos ha pedido tres cosas: que acreditemos que los documentos que hemos enviado para la solicitud de entrada en el domicilio constan en el expediente de demolición; que si tenemos más documentación la aportemos, y que se identifique mejor la ubicación de la casa», apuntó el teniente de alcalde, quien destacó que en ningún momento han tenido un documento oficial por parte del Juzgado «que pida que acreditemos la negativa de Baloo Music a dejarnos entrar en al vivienda».

En este sentido, desde el Consistorio recordaron también que aún no comprenden cómo la jueza ha impuesto las multas de mil euros mensuales al patrimonio personal del alcalde, José Sala, por el retraso en el derribo, cuando se había solicitado el permiso judicial para entrar en el domicilio.

Sant Antoni celebra hoy un pleno municipal en el que, según Pantaleoni, el secretario del Ayuntamiento tendría que leer al alcalde, José Sala, el auto del Juzgado en el que le impone una multa de mil euros mensuales en tanto no se derribe la vivienda, una sanción que se incrementará a 600 euros semanales después de cinco meses. En este sentido, a partir de la lectura en pleno por parte del secretario se inicia el período de sanciones y el plazo de diez días para pagar la primer multa. Pantaleoni recordó que el alcalde la pagará, aunque también recurrirá el auto.