El Ayuntamiento de Sant Antoni ha hecho efectivo el pago total del coste de la demolición de la casa ilegal de Michel Cretu en Santa Agnès, que supuso para las arcas municipales un gasto de 346.653 euros.

Así lo confirmaron ayer desde el departamento de Intervención del Consistorio sobre este pago, que se realizó tras haber recibido las dos certificaciones de final de obra por parte de los técnicos municipales, confirmando que la empresa adjudicataria del derribo, Construcciones y Excavaciones Erri Berri S.L, completó la demolición.

Sin embargo, aún queda una cuestión pendiente en el trabajo de derribo realizado por la adjudicataria. Se trata de los escombros de la demolición que la empresa ha dejado enterrados en la cima de la montaña y que deberán ser analizados por la Comisión balear de Medi Ambient, para determinar si se deben dejar allí o no. En este sentido, según el teniente de alcalde de Sant Antoni, Joan Pantaleoni, en el caso de que estos escombros deban ser retirados la empresa deberá hacerse cargo del coste y del trabajo.

Cabe recordar que las catas realizadas por el Ayuntamiento de Sant Antoni en el monte protegido de Santa Agnès dieron como resultado que el material enterrado hallado «es inerte», por lo que ahora el Consistorio está a la espera de la autorización de Medi Ambient para poder dejarlo allí.

Por otra parte, cabe destacar también que el Consistorio ha pagado el coste de la demolición de la mansión de forma subsidiaria, por lo que pretende que el propio Michel Cretu afronte los casi 350.000 euros que costó el derribo a las arcas municipales.

Por el contrario de lo que afirma el abogado de Cretu, Jaume Roig, desde el Consistorio aseguran no haber recibido aún el escrito legal de reclamo de la indemnización para el músico rumano por el derribo de su mansión. Cabe recordar que el defensor de Cretu aseguró que pedirá una indemnización por 18 millones de euros, una suma que recientemente ha elevado a 20 millones. Sin embargo, desde Sant Antoni aseguran que aún no han recibido ninguna solicitud de compensación económica por la demolición.