La delegación de las entidades asesores de Unesco que deben reconocer el puerto de Vila y estudiar el proyecto de una nueva plataforma en es Botafoc propuesto por la Autoritat Portuària de Balears (APB) viajarán a la Isla el mes próximo.

Así lo apuntaban ayer fuentes del Centro para el Patrimonio Mundial tras el encuentro que mantuvo ayer en París el responsable de este departamento de la Unesco, Francesco Bandarin, con una delegación española para tratar las posibles afecciones de las obras sobre los vienes declarados Patrimonio de la Humanidad: Dalt Vila y las praderas de posidónia entre Eivissa y Formentera.

Según esta información, se están desarrollando los preparativos para que sea en noviembre cuando viajen a la Isla para conocer in situ el proyecto constructivo y sus posibles repercusiones en su entorno de los expertos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, en sus siglas en inglés) y del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos (más conocido como Icomos).

Con la confirmación de la inminencia de la misión asesora, se cumple así uno de los objetivos principales que motivaron el viaje de ayer de la delegación española, pero no el único.

Ofrecer colaboración

El president Francesc Antich, la alcaldesa de Vila, Lurdes Costa, el presidente de la APB, Francesc Triay, y los representantes del Ministerio de Cultura y de la delegación española ante la Unesco aprovecharon también su entrevista con Bandarin para aportar documentación sobre el proyecto de ampliación del puerto (con la construcción de 75.000 metros cuadrados en la zona del dique de es Botafoc, 63.000 de ellos en una nueva plataforma y el resto en dos muelles de 200 metros de largo), informaron fuentes del Govern.

«La delegación balear ha expresado la voluntad de las autoridades de las Islas de ofrecer la máxima colaboración al organismo internacional para que pueda realizar la evaluación del proyecto de la reforma del puerto», apuntaron en un comunicado desde el Ejecutivo autonómico balear.

La denuncia del GEN sobre las posibles afecciones de las obras llevó a que el Comité del Patrimonio Mundial, en su reunión de junio en Sevilla, adoptara una resolución en la que lamentaba la falta de información sobre el proyecto y en la que pedía la paralización de los trabajos hasta que se realizara una inspección sobre el terreno, se examinara la documentación y se pudieran formular unas recomendaciones para eliminar las posibles afecciones de la construcción sobre el patrimonio. Para presentar la documentación y que se desplazara a Eivissa la comisión de investigadores (debía ser invitada por el Gobierno español) se fijó como fecha límite el mes de febrero de 2010.

Al haber aportado ayer la delegación española copias de los documentos y con el anuncio de la misión investigadora para noviembre, parece que este plazo se podrá cumplir. No está tan claro que las recomendaciones de los expertos lleguen a tiempo para ser incluidas en el proyecto de ampliación, cuyos trabajos está previsto iniciar en diciembre.

De todas formas, el Comité del Patrimonio Mundial es el que lanzó la advertencia y, según reiteraron ayer desde Unesco, sólo el Comité puede dar el visto bueno a los trabajos y no incluir a Eivissa entre los lugares patrimonio en peligro (primer paso en un largo proceso que podría culminar en la retirada del título de Patrimonio). Por tanto, la resolución sólo podría llegar en julio próximo, en la cita del Comité en Brasilia.