Un técnico del Consell acusa a la empresa de Garí de incumplir la ley al vigilar las obras de las autovías

En su declaración ante la juez, Ramon explicó que Posidonia «no respetó la legislación» porque su obligación era estar «a pie de obra en todo momento». Aseguró que tanto el entonces director de Patrimoni , Antoni Arabí, como el conseller Joan Marí Tur, Botja, estaban informados de estas «irregularidades» pero que fue una percepción «muy posterior» cuando ya la obra estaba muy avanzada y era demasiado tarde. De hecho, Ramon aseguró que se actuó sin controlar el tema debido a la «descoordinación» entre la empresa que realizaba las obras, MAB, y Posidonia.

El técnico del Consell explicó que Posidonia no informaba siempre al Consell de los restos arqueológicos que encontraba. En algunos casos, fue el propio Joan Ramon el que se percató personalmente de los hallazgos.

Necrópolis y acueducto

Ramon reconoció que visitó la necrópolis que se encontró en Puig d'en Valls. Sin embargo, aseguró que los arqueólogos de Posidonia presumían de haber excavado una necrópolis intacta, cuando Joan Ramon hizo constar que había una pequeña «mordida». Por eso aseguró sentirse extrañado cuando a posteriori esa «necrópolis intacta se presentó como destruida». En otro punto de la declaración aseguró que ordenó un seguimiento serio de estos restos, pero cuando se percató «la obra ya estaba casi ejecutada» y los arqueólogos de Posidonia estaban trabajando en la zona.

La juez le preguntó también si se destruyó parte de un acueducto y Ramon reconoció que sí y que la afectación debía medir cinco metros. También dijo desconocer si había un arqueólogo siguiendo la obra en ese momento. Más tarde informó sobre estos restos para la ponencia técnica de patrimonio del Consell.

En todo momento, el técnico remarcó que se limitaba a informar sobre el valor de los hallazgos y no tenía capacidad para abrir expedientes. También resaltó que por encima de él estaban el director de Patrimoni y el conseller.

En otro punto de la declaración Joan Ramon reconoció que pudo haber un período de tiempo en el que la obra permaneciera sin seguimiento arqueológico después de que se despidiera a Posidonia y antes de que se contratara a otro arqueólogo, Joan Roig, que trabajaba pese a no constar por escrito. Pese a ello, aseguró desconocer una carta que decía que las obras llevaban mes y medio sin seguimiento.

Joan Ramon cree que los miembros de la empresa Posidonia le tienen «animadversión» y por eso se explican determinadas expresiones vertidas por los arqueólogos María José Escandell y Ricard Marlasca, que también formaban parte de Posidonia. Además, el técnico tiene «la impresión» de que determinadas personas «intentaron hacer carrera política con este asunto». Una clara referencia a su actual jefe, Josep Mª López Garí, que ahora mismo es un cargo de confianza del Consell.

En su declaración, el técnico del Consell dijo que cree que no se recibió ninguna comunicación de la empresa de Posidonia diciendo que cesaba en sus trabajos de seguimiento de las obras, tal y como marca la ley.

Ni Joan Ramon ni su abogado quisieron hacer declaraciones a los medios y aseguraron que hablarán «cuando termine todo».

El abogado del GEN, Eduard Clavell, cree que se está confirmando que hubo unos «destrozos del patrimonio común» y que los responsables del Consell «no hicieron lo suficiente». «Los políticos echan la culpa a los técnicos, los técnicos a los políticos y a Posidonia y aquí se trata de saber la responsabilidad de cada uno», señaló Clavell, que recordó que el conseller debería haber iniciado un expediente para sancionar a la empresa MAB y Joan Ramon debería haber asesorado a los políticos para hacer un seguimiento continuo. También consideró que acusar a Posidonia es «faltar a la verdad» porque gracias a ellos se supo de los destrozos. De hecho, fueron despedidos por su «excesiva diligencia». Clavell aseguró que nadie hizo informes sobre la destrucción del acueducto hasta que no lo denunció Posidonia, pese a estar ya despedidos.

El abogado del ex conseller Joan Marí Tur, también imputado en la causa, explicó ayer que Joan Ramon «cumplió su misión en todo momento» porque se limitó a ejecutar sus funciones. «Seguía las instrucciones del conseller, que eran las de paralizar la obra en caso de que apareciese algún yacimiento arqueológico», expresó Rafel Perera, que indicó que nadie preguntó a Ramon si recibió presiones políticas para hacer determinados informes. Perera aseguró que se está «aclarando un tema que se ha hipertrofiado, se ha aumentado, se ha desbordado y que no tiene una trascendencia penal». Añadió que la causa es muy voluminosa y hay diligencias en curso.