La compra de los terrenos de sa Coma no aparecía por ninguna parte de la orden del día pero acabó siendo el tema central de un pleno del Consell, por lo demás, con poco contenido y un tanto descafeinado por la ausencia de tres de los seis consellers populares.

Vicent Serra defendía una moción del PP por la que se recordaba el compromiso del Ministerio de Medio Ambiente de comprar fincas en la Isla para su protección. La propuesta pretendía recordar este acuerdo e instar al Gobierno a comprar fincas en cada municipio de la Isla.

Fue entonces cuando Serra apuntó que, en 2006, el Ministerio de Defensa había vendido a Medio Ambiente 2,5 millones de metros cuadrados por 8,5 millones de euros, lo que suponía un precio de 3,3 euros por unidad. «El precio pagado por sa Coma fue de 54 euros, 16 veces más», defendió el conservador.

El titular de Política Territorial, Miquel Ramon, no reaccionó al ataque y se limitó a anunciar que se apoyaría la propuesta del PP aunque puntualizó que «el problema en Eivissa es que, por el precio al que está dispuesto a pagar Medio Ambiente los terrenos rústicos, es difícil encontrar propietarios dispuestos a vender». Según Ramon, «el precio inicial es de 2 euros el metro, 3 o algo más en algunos casos y después de negociar». Respecto a ses Feixes, el conseller defendió que, aún queriendo, no se podría haber adquirido esta zona «porque Medio Ambiente compra zonas rústicas, y hasta la aprobación del nuevo Plan Urbanístico de Vila ses Feixes era urbana».

Salta Tarrés

Cuando la moción tenía que ser votada, intervino Xico Tarrés para recriminar a Serra su alusión a sa Coma. El presidente aseguró que la diferencia de precio obedece a que «sa Coma no es terreno rústico» y defendió que su precio de tasación era «por 10 millones más de lo que se ha pagado», que han sido 30 millones.

Tarrés, quién defendió que además del antiguo cuartel se habían conseguido el polvorín de Santa Gertrudis y una pequeña parcela junto a la Comandancia, aseguró que la compra de Can Ventosa al ejército, realizada por un consistorio del PP según aseguró, «es la operación más cara hecha por el Ayuntamiento de Vila» al haber consistido en la permuta «por el solar más caro del paseo marítimo, situado tras la Direcció Insular». Fuentes populares aseguraron que fue el socialista Enrique Mayans quien negoció y firmó la transacción.

Los dos grupos representados en el Consell apoyaron la propuesta presentada para la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de la obra arquitectónica y urbanística del arquitecto Josep Lluís Sert en Can Pep Simó, en el municipio de Santa Eulària.

Este conjunto se compone de seis viviendas unifamiliares y un bloque de 13 apartamentos adosados, conocido como Es Fumerals. El proyecto se redactó en 1963 y la construcción se realizó entre 1965 y 1970. El diseño de estas estructuras está fuertemente inspirado en la arquitectura tradicional pagesa y para su realización se combinan materiales modernos con muros de piedra local.

Por otro lado, el PP llevó al pleno el derribo de las casetas-varadero de Santa Eulària y preguntó por el criterio seguido por Costas para ejecutar la demolición de estos espacios por toda la Isla. La consellera de Política Patrimonial, Marga Torres, respondió que los criterios los marca Costas pero que, en el caso concreto de la villa del río, «también deberían preguntarle al Ayuntamiento por qué urgió la cesión de los terrenos para ampliar su paseo, puesto que para realizar la cesión debían estar antes libres».

Carretera de Sant Miquel

Contratación urgente

Ayer se aprobó la tramitación urgente de la contratación de los trabajos de acondicionamiento de la carretera de Sant Miquel, cuyo presupuesto será de 17,53 millones.

Subida de impuestos

Más recursos para los entes locales

El PP presentó una moción para instar al Gobierno a retirar la subida de impuestos prevista y pedir más recursos para las entidades locales. Sólo salió adelante la segunda parte.

Plazas turísticas

Último paso de la comisión

Ayer se aprobó la modificación del reglamento de la Comisión de Ordenación Turística del Consell, entidad que deberá regular la legalización de plazas turísticas hasta un total de 9.000.