La consellera de Justícia del Govern balear, Pilar Costa, se reunió ayer con el ministro Francisco Caamaño, con el que habló, entre otras cosas, del nuevo edificio de los Juzgados de Eivissa, que se situará en sa Graduada.

Según explicó Costa, durante la reunión se constató que la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Vila permite acelerar los trámites de construcción, aunque todavía se está pendiente de la permuta de los terrenos entre Ayuntamiento y Ministerio, ya que los de sa Graduada, que son municipales, deben pasar al Ministerio y los de los actuales Juzgados al Ayuntamiento.

«Hemos pedido que aunque todavía no esté hecha la permuta se vaya trabajando en el proyecto de construcción y confiamos en que en 2010 ya se pueda trabajar en el proyecto e incluso sacarlo a concurso», explicó Costa, que indicó que habitualmente desde el Ministerio suelen ser muy formales y no se ponen en marcha hasta que no tienen oficialmente el terreno. «Desde el Ministerio han dicho que no hay ningún problema para hacer ya el proyecto», aseguró la consellera, que indicó que la permuta se está retrasando no porque haya algún problema en particular, sino porque la Administración es lenta.

Por otro lado, el ministro aseguró que «no tiene ningún problema» en «actualizar» el coste efectivo del traspaso de las competencias de Justicia a la Comunitat Autònoma, una cuestión que el Ejecutivo autonómico ve esencial para que la cesión llegue a «buen puerto». Pese a que Costa no habló de cifras, en ocasiones anteriores ha señalado que el Govern no está dispuesto a aceptar el traspaso si el coste efectivo anual es inferior a 55 millones de euros.

Sin cantidades

La consellera sostuvo que, por el momento, «no se puede hablar de una cantidad», puesto que se debe proceder a la actualización del montante económico que supone el funcionamiento de la administración judicial territorializada, aunque también remarcó que hay «disposición absoluta para trabajar de inmediato».

Además, confió en que la cifra resultante sea superior a los 55 millones de euros puesto que debe reflejar la «situación existente a día de hoy». El cálculo que se manejaba era el de años anteriores.

En la actualización del coste de las competencias que tiene que llevar a cabo el Ministerio se tiene que incluir el coste que supondrá para el Gobierno central el alquiler de las oficinas del Cetis (edificio de la nueva estación de autobuses) para trasladar los Juzgados de Primera Instancia de Eivissa. «No se había tenido en cuenta este alquiler y en esta acutalización se tienen que incluir todos los gastos», recordó Pilar Costa.

A juicio de la consellera, los 55 millones de euros «a día de hoy ya se tienen que actualizar», aunque señaló que no se está en condiciones de hablar de un «aumento de 500.000 o de dos millones de euros». «No hemos hablado de una cifra en concreto», dijo Costa, que destacó que «depende del momento en que el Govern quiera aceptar estas competencias». La consellera es «consciente» de que con las transferencias de Justicia «no se van a poder arreglar todos los problemas de una administración de Justicia del siglo XX, más que del siglo XXI», y señaló que «no puede ser que se utilicen los ordenadores como antes las máquinas de escribir».