Esta semana se ha formalizado el veto absoluto a la implantación de grandes superficies comerciales implantado en 2005 tiene los días contados. La llegada de tiendas de grandes cadenas como Zara, El Corte Inglés, Mercadona o Carrefour dejará de ser una quimera y pasará a depender de la voluntad de la propia empresa, de que no supere los 400 o los 200 metros cuadrados (si quiere instalarse en Eivissa o Formentera) y de que su ubicación, instalaciones y proyecto se adapten a criterios de sostenibilidad del territorio o respeto al medio ambiente.

El director general de Comerç, Pere Trías, destacó que la normativa aprobada no es una 'barra libre' para la entrada 'a saco' de las grandes empresas de distribución, lo que pondría en serio peligro el comercio tradicional. «Se pasa de prohibir a regular, estableciendo que estos establecimientos no podrán implantarse más que en espacios urbanos consolidados y cumpliendo requisitos como que tengan aparcamientos suficientes o un certificado de eficiencia energética, entre otras medidas», apuntó Trías.

Son algunas de las características de la nueva ley de comercio sobre las que han opinado los ciudadanos encuestados. Las opiniones se dividen claramente en dos bandos, por un lado las de los que están vinculados al pequeño comercio y por otro, las de los ciudadanos que son meros consumidores. Los comerciantes consideran que la llegada de las grandes cadenas va a suponer que el pequeño comercio «podrá cerrar sus puertas» porque no va a tener posibilidades de competir con los precios de las grandes cadenas y por tanto sobrevivir a tal situación. Por otra, los consumidores están encantados con la idea y creen que al ampliarse la oferta podrán tener más opciones para elegir sus compras. En caso de la ropa, creen que supondrá el no «tener que ir todos iguales. En cuanto al precio, sospechan los consumidores, que en las grandes cadenas podrán comprar por importes inferiores.