Vicent Marí, José Sala, Xico Tarrés y Francesc Antich, en una reciente visita a Sa Coma. | Irene G.Ruiz

El presidente del Consell d'Eivissa, Xico Tarrés, anunció ayer su intención de querellarse contra el Grup d'Estudis de sa Naturalesa de ses Pitiüses (GEN-GOB) por considerar públicamente que, como manifestó la asociación ecologista, «puede darse la existencia de delitos de tráfico de influencias, negociaciones prohibidas y prevaricación» en la tramitación del Plan Territorial Insular (PTI) que impulsa desde el gobierno de Eivissa.

«Tarrés ha manifestado que no permitirá que se lo imputen delitos falsos como ha hecho el GEN-GOB al acusarlo de prevaricación», afirmó ayer la institución a través de una nota de prensa.

«Las negociaciones políticas como presidente del Consell para la elaboración de una ley no supone en ningún caso la comisió de un delito, cómo sabe perfectamente el GEN-GOB. La imputación de delitos falsos de manera pública, lanzando graves acusaciones como hizo ayer esta asociación, sólo puede tener como objetivo una voluntad manifiesta de querer lesionar la imagen del presidente a todo precio», concluye la institución.

El enfrentamiento en el ámbito judicial de un dirigente de una formación progresista y los ecologistas es una situación inédita en la política local.

Por su parte, el alcalde de Santa Eulària, Vicent Marí (PP), en declaraciones a Onda Cero criticó duramente la posición del GEN al considerarla «absurda y ridícula, más próxima de un régimen dictatorial que de una democracia».

El GEN anunció el lunes que ha denunciado ante Fiscalía las negociaciones que llevaron a cabo Tarrés y el PP para aprobar una amnistía para legalizar los suelos de Platja d'en Bossa y Cala Tarida, rústicos por sentencia. Los ecologistas también dijeron que se pretende que ses Variades (también suelo rústico) sean recogidas con una «inexistente» condición urbana y recuerdan que la reclasificación de esta zona originó la imputación de Sala y Stella Matutes. El GEN lo calificó de «ley a medida» y consideró que podrían cometerse delitos de tráfico de influencias, negociaciones prohibidas y prevaricación, consideraciones que han propiciado el anuncio de la querella.